El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió el jueves citaciones a funcionarios de California, intensificando así su escrutinio de la administración electoral local.
Según una persona familiarizada con el asunto, que insistió en permanecer en el anonimato para hablar sobre una investigación en curso, las citaciones estaban siendo emitidas por los cuatro fiscales federales de California.
Dean Logan, registrador del condado de Los Ángeles, dijo: "Las amenazas y la intimidación no tienen cabida en las elecciones".
La agencia Associated Press obtuvo copias de dos citaciones enviadas a empleados de la Oficina del Registrador-Secretario del Condado de Los Ángeles para que comparecieran ante el tribunal el 4 de noviembre, el día después de las elecciones.
Esto se produce después de que un juez federal designara el jueves a un perito especial para evaluar las afirmaciones de la administración Trump de que California tiene alrededor de 20,000 no ciudadanos en su censo electoral, menos de 24 horas después de que rechazara la exigencia del Departamento de Justicia de que California retuviera las papeletas hasta que se pudiera verificar la ciudadanía.
El juez de distrito estadounidense David O. Carter no especificó el alcance exacto de las responsabilidades del perito judicial Daniel B. Garrie, pero dijo que se le encomendaría la tarea de "recopilar las pruebas" para el tribunal.
En una audiencia judicial celebrada el martes, Carter había dicho que quería examinar la lista del gobierno federal de más de 20,000 supuestos votantes no ciudadanos, ya que ha habido un amplio debate sobre su fiabilidad y ambas partes han coincidido en que incluye un número indeterminado de ciudadanos.
Carter también declaró en la audiencia que un perito especial podría investigar las afirmaciones de California de que no puede separar logísticamente las papeletas a tiempo para la fecha límite de certificación de las elecciones del condado, el 3 de diciembre. El gobierno federal ha refutado esa afirmación.
No está claro qué ocurriría si un perito judicial especial encontrara un número considerable de votantes no ciudadanos en la lista del gobierno federal ni si esto afectaría la certificación de los resultados electorales de California. Las 20,000 personas incluidas en la lista del Departamento de Justicia representan solo una pequeña fracción de los 23 millones de votantes de California.
El presidente Trump exige que un tribunal federal de apelaciones emita un fallo
Mientras tanto, la administración Trump solicitó a un tribunal federal de apelaciones que se pronunciara rápidamente sobre si puede impedir temporalmente que California cuente las papeletas en disputa. Exige que el estado las aparte y solo las cuente si se puede verificar la ciudadanía del votante.
El Departamento de Justicia afirmó en un documento presentado a última hora del miércoles que es esencial que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emita un fallo lo antes posible debido al "procesamiento irreversible de las papeletas electorales que se está produciendo de forma continua".
La apelación se produjo apenas unas horas después de que Carter emitiera una orden contundente contra el intento de última hora del departamento de obligar a California a separar las papeletas del recuento de votos.
El departamento afirma que cree que esas papeletas fueron enviadas a personas inscritas en el registro electoral, aunque no sean ciudadanas estadounidenses. La votación anticipada lleva semanas en marcha en el estado y millones de personas ya han emitido su voto.
Donald Trump afirma que las elecciones de California son "extremadamente corruptas"
La decisión de Carter supuso el último revés legal para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos por ampliar el control federal sobre las elecciones estatales de mitad de mandato, que decidirán el control del Congreso durante el resto de su mandato.
El Departamento de Justicia ha presentado demandas similares en otros estados, incluido Washington. El voto de los no ciudadanos ha sido un tema central en el discurso político de Trump durante años, aunque los datos disponibles indican que es extremadamente raro.
El jueves por la mañana, antes de dirigirse a un mitin de campaña en Carolina del Sur, Trump criticó duramente el fallo de Carter contra el gobierno federal.
“California es muy corrupta. Las elecciones son extremadamente corruptas. El juez no debería haber hecho eso, pero apelaremos, por supuesto”, dijo a los periodistas. Trump agregó, sin pruebas, que hay “cientos de miles” y luego corrigió: “millones, en mi opinión” de “papeletas fraudulentas” en California.
Carter, designado por el presidente demócrata Bill Clinton, argumentó que las exigencias del Departamento de Justicia constituían una clara violación de la Ley Nacional de Registro de Votantes, que prohíbe los cambios en los padrones electorales o en el procedimiento electoral dentro de los 90 días previos a una elección.
Ciudadanos estadounidenses, incluidos en la lista de nombres del gobierno de Trump
Carter también cuestionó la fiabilidad de la lista de nombres del departamento, ya que ambas partes coinciden en que un número indeterminado de ciudadanos fueron incluidos por error. Argumentó que separar las papeletas en este punto pondría en riesgo el derecho al voto de los ciudadanos y causaría graves problemas en el proceso de certificación electoral.
Según documentos judiciales, ya se han procesado más de 500,000 votos solo en el condado de Los Ángeles. El sistema también protege la privacidad del votante: una vez procesado el voto, no se puede rastrear hasta la persona que lo emitió.
Carter deberá pronunciarse sobre la solicitud reiterada del gobierno de una orden judicial preliminar, que impediría al estado contar los votos hasta que se resuelva el litigio. Indicó que lo hará tras una audiencia probatoria el 13 de noviembre, en la que participará el perito judicial.
Afirmó que si el gobierno federal sospechaba que personas no ciudadanas estaban votando, podría continuar procesando penalmente esos casos. Las autoridades federales han presentado cargos contra más de dos docenas de extranjeros en California como parte de una redada estatal contra personas que, según los funcionarios, se registraron o votaron ilegalmente en las elecciones estadounidenses.
Los jueces del tribunal de apelaciones han dicho que no apoyarían la anulación de votos tan cerca de las elecciones de mitad de mandato. El Departamento de Justicia ha argumentado que al gobierno le conviene prevenir el fraude electoral antes de que ocurra. Los fiscales federales también han afirmado que los votantes no se verán privados de su derecho al voto si se retrasa el recuento de sus papeletas mientras se verifica su ciudadanía, una afirmación que los funcionarios electorales del condado han refutado.
Segunda examinación del caso
La primera vez fue la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia argumentó ante un tribunal de apelaciones que se necesitaba una resolución rápida sobre su solicitud para detener el recuento de votos.
Si bien el panel dictaminó que era prematuro que un tribunal de apelaciones interviniera antes de la decisión de un tribunal inferior, dos de los tres jueces emitieron opiniones concurrentes separadas, dejando claro que no apoyarían la anulación de votos a estas alturas. Cuestionaron la exactitud de la lista del gobierno federal de supuestos votantes no ciudadanos y argumentaron que anular votos conlleva el riesgo de privar del derecho al voto a los ciudadanos.
Un juez emitió un voto disidente, argumentando que la ley federal prohíbe votar a los no ciudadanos y obliga a California a examinar las papeletas potencialmente ilegales antes de que se cuenten. Según escribió, no hacerlo causaría un daño irreparable a las elecciones.
No está claro si el caso será presentado ante un nuevo panel de jueces o ante los mismos tres que lo revisaron la última vez.