Un tribunal federal suspendió temporalmente los efectos de una orden judicial que restablecería el Estatus de Protección Temporal (TPS), el programa migratorio otorgado a ciudadanos de países en crisis o conflicto, como Venezuela, y los protege de la deportación.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió una pausa administrativa de 14 días solicitada por el Gobierno de Estados Unidos en el caso National TPS Alliance contra Mullin.
La decisión representa un nuevo capítulo en la disputa legal que involucra a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos, quienes buscan mantener o recuperar las protecciones migratorias y las autorizaciones de empleo vinculadas al programa.
En N+ Univision te explicamos qué decidió el tribunal, cuándo comienza la pausa, qué puede pasar al terminar los 14 días y por qué el caso es relevante para los venezolanos que tienen o tuvieron TPS.
De acuerdo con el documento oficial, publicado el pasado 3 de noviembre, los jueces Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone concedieron la solicitud de suspensión administrativa presentada por el gobierno federal.
La resolución establece que la pausa comenzará este 6 de noviembre, cuando venza la suspensión que había mantenido detenida la orden del tribunal de distrito. Los jueces también anunciaron que establecerán un calendario acelerado para revisar los argumentos de fondo del litigio.
¿Por qué los jueces concedieron una pausa de 14 días?
El gobierno de Estados Unidos solicitó suspender la orden preliminar del tribunal de distrito mientras continúa la apelación. Como alternativa, pidió una suspensión administrativa temporal para mantener la situación en pausa mientras el Noveno Circuito prepara una nueva revisión.
Los jueces concedieron esta segunda petición por 14 días. La decisión se produjo después de que la Corte Suprema devolviera el caso al tribunal de apelaciones para que reconsiderara sus argumentos a la luz de su resolución en Mullin contra Doe.
El máximo tribunal también anuló la decisión anterior del Noveno Circuito, por lo que los jueces deben estudiar nuevamente el litigio. La pausa administrativa permite organizar ese proceso, pero no equivale a conceder la suspensión de la orden judicial durante toda la apelación, que era otra de las solicitudes del Gobierno.
¿Qué pasa con los permisos de trabajo de los venezolanos durante la pausa?
La suspensión administrativa de 14 días no establece una renovación general de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) ni contiene instrucciones individuales sobre la vigencia de cada permiso.
La autorización para trabajar está vinculada a la situación migratoria de cada beneficiario y a las disposiciones específicas que se hayan aplicado a su documento. Por ello, los venezolanos deben revisar la categoría de su EAD, su fecha de vencimiento y las notificaciones recibidas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Es importante no asumir que la pausa judicial extiende automáticamente los permisos de trabajo ni que todos los documentos quedaron cancelados por la misma razón. Quienes tengan dudas sobre su autorización laboral deben consultar las instrucciones vigentes de USCIS y buscar asesoría legal antes de tomar decisiones relacionadas con su empleo.
¿Qué puede pasar después de los 14 días?
Una vez que concluya la pausa administrativa, el 20 de noviembre, el Noveno Circuito deberá continuar con la revisión del caso conforme a las instrucciones de la Corte Suprema.
Los jueces anunciaron que establecerán un calendario acelerado para que las partes presenten sus argumentos sobre el fondo del litigio. Después, el tribunal deberá determinar cómo resolver la controversia y qué efectos tendrá su nueva decisión.
El documento del 3 de noviembre no anticipa cuál será el resultado ni garantiza que las protecciones del TPS se restablezcan automáticamente al terminar los 14 días. Por ahora, la medida únicamente establece una pausa temporal mientras continúa el proceso judicial.
¿Por qué esta demanda afecta a los venezolanos?
Aunque el litigio se presenta bajo el nombre de National TPS Alliance y reúne a beneficiarios del TPS de distintas nacionalidades, entre ellos haitianos, una parte central de la disputa está relacionada con las decisiones del gobierno para cancelar las designaciones otorgadas a Venezuela en 2021 y 2023.
El conflicto se intensificó después de que la administración de Donald Trump dejara sin efecto medidas adoptadas durante el gobierno de Joe Biden, que habían extendido las protecciones migratorias para los venezolanos.
En enero de 2025, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló la extensión del TPS que había sido anunciada para los beneficiarios venezolanos. Posteriormente, el gobierno avanzó con la terminación de las dos designaciones.
Los demandantes cuestionaron estas decisiones ante los tribunales. El 28 de enero de este año, el Noveno Circuito emitió una resolución favorable a los argumentos de los demandantes. Sin embargo, la Corte Suprema anuló ese fallo en octubre y ordenó revisar nuevamente el caso.
Este antecedente explica por qué la nueva pausa judicial tiene especial importancia para los venezolanos que buscan mantener o recuperar las protecciones del programa.
¿Cuál es la diferencia entre el TPS venezolano de 2021 y el de 2023?
Venezuela recibió dos designaciones distintas del Estatus de Protección Temporal. La primera fue anunciada el 9 de marzo de 2021 y permitió que los venezolanos elegibles que ya se encontraban en Estados Unidos solicitaran protección contra la deportación y autorización de empleo.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2023, el gobierno anunció una segunda designación, dirigida a otro grupo de venezolanos que cumplía con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias. Aunque ambas designaciones ofrecían beneficios similares, correspondían a grupos diferentes y tenían requisitos y periodos de vigencia propios.
El 17 de enero de 2025, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, anunció una extensión de 18 meses para la designación de 2023 y estableció medidas relacionadas con la designación de 2021. Sin embargo, el 28 de enero de ese año, Kristi Noem dejó sin efecto esa extensión. Posteriormente, el gobierno anunció la terminación de ambas designaciones.
Esta diferencia es importante porque no todos los venezolanos tienen la misma fecha de registro, vencimiento o documentación migratoria. La situación de cada persona depende de la designación bajo la que obtuvo el TPS y de las disposiciones judiciales y administrativas que le sean aplicables.
¿Qué deben hacer los venezolanos mientras continúa el proceso?
Mientras avanza la revisión judicial, los beneficiarios deben conservar copias físicas y digitales de sus documentos migratorios, permisos de trabajo, formularios I-797 y registros I-94.
También deben revisar las fechas de vencimiento de sus autorizaciones de empleo y consultar los comunicados oficiales de USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional para conocer cualquier actualización que pueda afectar su situación.
Antes de realizar trámites migratorios, cambiar de empleo o viajar fuera de Estados Unidos, es recomendable buscar orientación de un abogado de inmigración o de una organización acreditada.
La pausa concedida por el Noveno Circuito es una medida temporal dentro de un proceso judicial que todavía debe resolverse. Para los venezolanos que dependen del TPS, las próximas decisiones del tribunal serán fundamentales para conocer el futuro de sus protecciones migratorias en Estados Unidos.