El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó una solicitud del gobierno federal para mantener suspendida la orden judicial que protegía el Estatus de Protección Temporal (TPS) para beneficiarios venezolanos. Salvo una nueva intervención de la Corte Suprema, la protección legal de miles de personas quedará restablecida el próximo viernes 6 de noviembre.
El fallo ratifica la decisión emitida el 5 de septiembre de 2025 por un tribunal de distrito en el caso National TPS Alliance v. Mullin. Dicha sentencia determinó que la exsecretaria Kristi Noem excedió su autoridad legal al anular la extensión del TPS concedida a Venezuela y ordenar la cancelación del programa.
Aunque la orden del tribunal de distrito había sido pausada temporalmente por la Corte Suprema el 3 de octubre de 2025, esa medida cautelar expirará el 6 de noviembre, dejando vía libre para la restitución del estatus migratorio mientras concluye el litigio.
Un fuerte impacto humano tras la cancelación
La decisión del tribunal de apelaciones ocurre tras 18 meses de incertidumbre para la comunidad migrante. Según las pruebas presentadas ante el Noveno Circuito, la suspensión de las protecciones derivó en detenciones, deportaciones, separación de familias con hijos estadounidenses e incluso el envío de beneficiarios a terceros países sin vínculos previos.
Dentro del proceso judicial se incluyeron testimonios de afectados:
Carlos Sánchez Villa, beneficiario del programa, declaró haber sido deportado a Liberia tras perder su estatus: "No tenía ninguna conexión previa con Liberia ni con ningún otro lugar de África. Parecía sacado de una película de terror, pero, por desgracia, para mí fue real".
Rita di Peri Castellano denunció una deportación similar: "Los funcionarios de inmigración me deportaron a México, donde me subieron a un autobús (...) y me dejaron en la calle en una ciudad cerca de la frontera con Guatemala".
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, celebró la resolución: "La victoria de hoy renueva nuestras fuerzas para luchar por los derechos conquistados por generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar que llamamos hogar".
Debate sobre la jurisdicción federal
Durante el proceso, la representación legal del gobierno sostuvo que el fallo de junio de 2026 de la Corte Suprema en el caso Mullin v. Dahlia Doe retiraba la jurisdicción a los tribunales federales para revisar este tipo de impugnaciones. Sin embargo, la defensa de los demandantes argumentó con éxito que la justicia conserva la facultad de vigilar si los funcionarios del Ejecutivo exceden las atribuciones otorgadas por la ley.
Los demandantes cuentan con el respaldo legal de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), las filiales de la ACLU del norte y sur de California, el Centro Miñana de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Haitian Bridge Alliance (HBA).
Jessica Bansal, abogada de NDLON, afirmó que la cancelación del programa por parte de la exsecretaria Noem "privó a más de medio millón de refugiados de su estatus migratorio legal", destacando que el tribunal rechazó la petición de la administración para ignorar dicha ilegalidad.
Por su parte, Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, y Ahilan Arulanantham, codirector del Centro Miñana, subrayaron la importancia del sistema de pesos y contrapesos constitucionales e hicieron un llamado a la Corte Suprema para defender el estado de derecho y mantener la decisión del tribunal de distrito.