El Departamento de Seguridad Nacional propuso el miércoles una tarifa de 70.000 dólares para los estudiantes internacionales que deseen trabajar en Estados Unidos, en el último intento de la administración Trump por controlar la matriculación de estudiantes extranjeros.
Una propuesta de norma exigiría que las escuelas paguen la cuota de cada estudiante que participe en el programa opcional de prácticas profesionales (OPT), el cual permite a los estudiantes trabajar en empleos relacionados con su especialidad durante o después de graduarse. Generalmente, los estudiantes pueden trabajar un año después de graduarse, aunque algunos estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas pueden trabajar dos años adicionales.
Las escuelas estarían obligadas a pagar 70.000 dólares por cada solicitud inicial de un nuevo estudiante al programa, y una cuota de 30.000 dólares por cada renovación.
El cambio supondría un duro golpe para la educación superior y algunas empresas. Las universidades estadounidenses reclutan masivamente a estudiantes extranjeros como fuente de ingresos por matrícula. Las empresas tecnológicas y otros sectores también contratan a muchos estudiantes internacionales para puestos técnicos.
El programa OPT permite a los estudiantes internacionales adquirir experiencia práctica y cubrir la escasez de mano de obra en campos STEM de alta demanda, dijo Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, una asociación que representa la educación internacional.
“Ahuyentar el talento, las perspectivas y las aspiraciones de los estudiantes internacionales solo perjudicará la innovación estadounidense, el crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza laboral y el liderazgo global”, dijo Aw en un comunicado escrito.
En un comunicado, el DHS describió la tarifa como una respuesta al fraude y al abuso del programa de visas, al que calificó de "vía de entrada para mano de obra extranjera barata".
El público dispone de 60 días para presentar comentarios sobre la propuesta antes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la finalice y la ponga en vigor. La propuesta también podría enfrentar impugnaciones legales por parte de grupos de educación superior o asociaciones empresariales, lo que podría retrasar su implementación.
La administración Trump presiona a los estudiantes internacionales.La norma propuesta forma parte de sus esfuerzos más amplios para endurecer las políticas migratorias y reformar la educación superior. El año pasado, la administración republicana comenzó a revocar repentinamente el estatus legal de miles de estudiantes internacionales, deteniendo y deportando a muchos de ellos.
Este verano, la administración finalizó una norma que buscaba impedir que los estudiantes internacionales permanecieran en Estados Unidos por más de cuatro años sin la aprobación del gobierno federal. La medida provocó una rápida reacción negativa por parte de los líderes de la educación superior, quienes afirmaron que aumentaría la carga de trabajo de las instituciones y señalaron que muchos programas tienen una duración superior a los cuatro años por diseño. Un tribunal federal impidió que la norma entrara en vigor en septiembre.
Doug Rand, exasesor sénior del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante la administración Biden, predijo que la tarifa sería anulada por los tribunales, al igual que la tarifa de 100.000 dólares para las visas de trabajo H-1B, de las que dependen muchas empresas tecnológicas y universidades para cubrir vacantes de empleos cualificados.
La administración Trump está intentando ahora una forma diferente de aumentar la tarifa de las visas a más de 100.000 dólares.
Rand afirmó que las comisiones no son la solución.
“Cuando formamos estudiantes internacionales en nuestras universidades y estos desean trabajar y aplicar sus talentos aquí después de graduarse, por supuesto que debemos acogerlos, no utilizar una tarifa exorbitante como pretexto para que se marchen”, dijo Rand en un correo electrónico.
Aumenta la preocupación por la matriculación entre los grupos educativos.Sarah Spreitzer, vicepresidenta del Consejo Estadounidense de Educación, que representa a los rectores de colegios y universidades, afirmó que la matrícula de estudiantes internacionales se ha visto afectada.
El otoño pasado, el número de estudiantes que ingresaron a Estados Unidos por primera vez disminuyó un 17%, el descenso más pronunciado desde la pandemia de COVID-19. Aún no se dispone de las cifras generales para este otoño, pero Spreitzer indicó que algunas universidades están reportando caídas de entre el 30% y el 40%.
Dijo que el nuevo plan de Trump no ayudará.
“Sabemos que el programa OPT es una de las razones por las que los estudiantes internacionales eligen estudiar en Estados Unidos, porque les permite obtener experiencia laboral después de graduarse”, agregó.
Un programa similar que permitía a estudiantes internacionales participar en pasantías y prácticas profesionales también ha sido objeto de escrutinio por parte de la administración Trump. Las nuevas directrices del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, que establecen que el programa, denominado Capacitación Práctica Curricular, solo debe autorizarse cuando la experiencia laboral sea un requisito para la obtención del título, dieron lugar a una demanda el lunes.
Grupos educativos, entre ellos la Asociación de Universidades Americanas y NAFSA, afirmaron que en el pasado dicho programa estaba permitido si estaba "directamente relacionado con la especialidad del estudiante". Los grupos también señalaron que el ICE estaba amenazando a los funcionarios universitarios con acciones penales si no cumplían con la normativa.
“Sabemos que la administración ha estado intentando obstaculizar la inmigración legal basada en el empleo por diversos medios”, dijo Steven Brown, abogado de inmigración con sede en Houston. “Creo que este es el siguiente nivel de ataque, y pienso que es un plan para acabar con el programa sin destruirlo directamente. No veo a muchas universidades dispuestas a pagar 70.000 dólares para que un estudiante obtenga el OPT”.