La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó una medida cautelar, así como una certificación provisional que frenaban las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las inmediaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.
El tribunal de alzada consideró que ambas determinaciones jurídicamente son inviables y excesivas, dejando sin efecto la prohibición que impedía a los agentes federales utilizar gas lacrimógeno, pimienta, proyectiles no letales y otros métodos de dispersión masiva.
Al analizar la medida ordenada por un juez de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones, determinó que se equivocó al asumir que el gobierno solo puede utilizar municiones no letales en respuesta a la amenaza de un daño físico inminente.
“El tribunal de distrito concluyó que el uso de gas lacrimógeno, bolas de pimienta y otros dispositivos por parte del gobierno para dispersar a la multitud constituía una 'fuerte prueba circunstancial de la intención de los demandados de castigar a la multitud por su expresión'", menciona la resolución de 67 páginas.
A partir de ese análisis, el cuerpo colegiado consideró que “las fuerzas del orden pueden usar fuerza no letal en respuesta a la ilegalidad inminente por parte de manifestantes que afirman estar ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda”.
Las restricciones impuestas al ICE: gas, proyectiles y uniformes
La demanda tiene su origen en el juicio presentado de forma conjunta por cinco: Jack Dickinson, Laurie Eckman, Richard Eckman, Hugo Ríos y Mason Lake. Este grupo de demandantes estuvo conformado por manifestantes pacíficos y periodistas o fotógrafos independientes que resultaron afectados por gas lacrimógeno y pimienta o proyectiles de gas pimienta durante las movilizaciones frente a la instalación del ICE en Portland, Oregón. En primera instancia, el caso fue analizado por el juez Michael H. Simon, quien ordenó las siguientes medidas.
- Prohibición estricta de utilizar municiones antidisturbios.
- Restricción absoluta de disparar proyectiles hacia zonas sensibles como la cabeza, el cuello o el torso.
- Limitación del uso de gas pimienta exclusivamente a supuestos donde se presentará "resistencia activa".
- Exigencia de que las autoridades negociaran o modificaran la indumentaria y equipo táctico con marcas de identificación numéricas y alfabéticas visibles.
Certificación provisional de todas las personas que protestaran pacíficamente o ejercieran labores de prensa frente a la sede del ICE en Portland desde junio de 2025.
Tribunal frena restricciones al ICE y devuelve el caso a primera instancia
El cuerpo colegiado determinó que las medidas otorgadas por el juez de primera instancia no solo otorgaban protecciones procesales a los cinco demandantes individuales, sino a distintas personas indefinidas.
Otro de sus argumentos es que el Poder Judicial no tiene facultades para dictar cómo el Poder Ejecutivo debe rediseñar los uniformes, insignias o equipo táctico de sus elementos federales.
El Noveno Circuito determinó que las restricciones causaban un daño irreparable al gobierno y al interés público, al paralizar la capacidad legal de las autoridades para mantener el orden, proteger a su personal y resguardar instalaciones estratégicas federales frente a disturbios continuos.
“La medida cautelar es extremadamente peligrosa tanto para los agentes federales como para el público. Perjudica al gobierno al impedir la capacidad de los agentes para hacer cumplir la ley y protegerse a sí mismos y a las instalaciones del ICE en Portland contra ataques y alteraciones”, menciona la resolución.
Ahora, con la decisión del cuerpo colegiado, el expediente regresa al juez de primera instancia, quien retirará las medidas ordenadas y continuará con el análisis de fondo del caso. Los demandantes pueden solicitar al mismo tribunal una revisión del fallo o incluso solicitar a la Suprema Corte de Estados Unidos su estudio.