Aranza Aidelany Pardo tenía siete años, había nacido en Brownsville, Texas, y viajaba con su familia por Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, cuando una jornada de violencia terminó con su vida.
La pequeña recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba dentro de una camioneta que intentaba esquivar los bloqueos provocados por integrantes del crimen organizado. Su madre, Claudia Edith Pardo García, también fue alcanzada por una bala y resultó gravemente herida en una rodilla; ahora, tras despedir a su hija, exige que se identifique y castigue al responsable del disparo.
Los hechos ocurrieron el jueves 29 de octubre de 2026, en el ejido Las Rusias, durante un operativo de fuerzas federales para detener a un presunto líder criminal. La movilización provocó una reacción violenta de grupos delictivos, que realizaron bloqueos en distintas vialidades, incendiaron vehículos y colocaron ponchallantas para impedir el desplazamiento de las autoridades.
Ante la situación, corporaciones de seguridad desplegaron patrullajes terrestres y un helicóptero de la Guardia Estatal comenzó a sobrevolar la zona. En medio de ese escenario, Aranza viajaba con sus padres y hermanos en una camioneta, tratando de encontrar una ruta para regresar a casa.
De acuerdo con el relato de su madre, la aeronave comenzó a seguirlos y no dejó de sobrevolar el vehículo. El padre de la niña descendió para hacer señas a los tripulantes y mostrarles que se trataba de una familia con menores de edad, todos de origen estadounidense. Sin embargo, la camioneta recibió varios disparos desde el aire.
Uno de los proyectiles atravesó el techo y alcanzó directamente la cabeza de Aranza. Su madre también fue herida cuando intentaba protegerla. Ante las detonaciones, un adolescente de 13 años que viajaba con ellos puso la camioneta en reversa para intentar escapar, aunque la persecución continuó durante un tramo.
La violencia y los bloqueos dificultaron la llegada de los servicios de emergencia. Según Selina, familiar de las víctimas, los niños descendieron del vehículo y pidieron ayuda a gritos, mientras su madre permanecía herida y la pequeña no presentaba signos vitales.
“De repente vemos que viene un helicóptero de la Guardia Estatal, venía como de Reynosa, se escucharon de cinco a siete disparos”, relató el 3 de noviembre. También contó que intentó hacer señas a la aeronave para que dejara de disparar, pues la familia estaba siendo seguida.
La mujer explicó que tuvieron que permanecer junto a la niña hasta que llegaron por ella. La asistencia médica tardó entre dos y tres horas en arribar, de acuerdo con su testimonio.
La Marina niega haber participado en los disparos
Un día después del ataque, el 30 de octubre, la Secretaría de Marina (Semar) del Gobierno de México difundió un comunicado para rechazar versiones que señalaban a un helicóptero de la Armada como participante en los enfrentamientos de Matamoros.
El Sector Naval de Matamoros aseguró que, de acuerdo con sus registros de vuelo, la aeronave realizaba una misión de movimiento administrativo de tropas y no intervino en ningún enfrentamiento ni efectuó disparos. La institución también pidió a la población y a los medios de comunicación verificar la información antes de compartirla.
En el mismo posicionamiento, la Marina expresó sus condolencias por la muerte de la menor y manifestó su solidaridad con sus familiares.
Mientras tanto, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros ya había advertido el 29 de octubre sobre la actividad policial que afectaba carreteras e intersecciones principales. La Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México informaron que los empleados del Gobierno estadounidense debían permanecer en sus residencias.
El aviso también recordó que el Departamento de Estado mantenía a Tamaulipas en el nivel 4 de alerta de viaje, correspondiente a la recomendación de no viajar por riesgos de terrorismo, delincuencia y secuestros.
Los peritajes apuntan a un arma larga calibre 7.62
El 3 de noviembre, los análisis de laboratorio de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aportaron elementos relevantes para esclarecer la muerte de Aranza. Los estudios de balística forense determinaron que la ojiva extraída del cráneo de la niña correspondía a un proyectil de arma larga calibre 7.62 milímetros y presentaba una trayectoria descendente.
De acuerdo con los resultados periciales proporcionados, las características del proyectil vincularon el disparo con el armamento accionado desde el helicóptero de la Guardia Estatal.
Ese mismo día, Selina insistió en que la familia nunca imaginó que las detonaciones estuvieran dirigidas contra ellos. Por su parte, el hermano del padre de la menor denunció que la camioneta recibió disparos de la aeronave estatal y señaló que a bordo viajaban entre cinco y siete niños, todos estadounidenses.
El 4 de noviembre, los familiares despidieron a Aranza. Su madre solicitó el alta voluntaria temporal del hospital para poder asistir al sepelio, mientras el Consulado de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantenían comunicación con los afectados por la nacionalidad estadounidense de la pequeña.
Tres integrantes de la Guardia Estatal continúan bajo investigación
El 5 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió un posicionamiento en el que lamentó el fallecimiento de la menor y reconoció que un helicóptero de la corporación había realizado disparos durante los acontecimientos.
La dependencia sostuvo que la tripulación efectuaba labores de reconocimiento cuando, según la información preliminar, recibió agresiones desde tierra que fueron repelidas. También señaló que los hechos ocurrieron en medio de los bloqueos, incendios y ataques atribuidos a integrantes de la delincuencia organizada.
El titular de Seguridad Pública estatal calificó la muerte de Aranza como un “daño colateral” derivado de la agresión contra la aeronave y aseguró que la institución proporcionó a la Fiscalía la documentación y las pruebas solicitadas para contribuir al esclarecimiento del caso.
Ese mismo día, Claudia Edith Pardo García pidió justicia para su hija. La mujer, recientemente dada de alta, explicó que deberá enfrentar una rehabilitación de entre cinco y siete meses debido a la gravedad de la lesión en su rodilla.
“El helicóptero nunca nos dejó de seguir; llegamos ahí y empezó a sobrevolar sobre nosotros. Después de eso, mi esposo desciende y empieza a hacer señas”, recordó. También relató que su hijo de 13 años bajó de la camioneta y les dijo que les habían disparado.
“Que me hagan justicia por mi niña; ella no merecía lo que le hicieron porque no era una niña de mal. Éramos una familia que venía a casa. Ellos nos agredieron sin ningún motivo”, expresó.
El 6 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que tres elementos de la Guardia Estatal asignados a la tripulación del helicóptero se encuentran bajo investigación de la Fiscalía estatal y de la Dirección de Asuntos Internos.
El funcionario descartó fallas operativas durante el despliegue policial, pero reconoció que las indagatorias continúan. Precisó que, hasta ese momento, no se habían ejecutado órdenes de aprehensión ni aplicadas suspensiones administrativas, por lo que los tres agentes permanecían activos en sus puestos ordinarios.
Por su parte, el gobernador estatal Américo Villarreal Anaya informó que la carpeta de investigación incorporó grabaciones de video del vehículo en el que viajaba la familia durante los bloqueos, material que deberá contribuir a reconstruir lo sucedido.
Para la familia Pardo García, la investigación tiene una pregunta que todavía necesita respuesta: ¿quién accionó el arma que terminó con la vida de Aranza? La identificación de los responsables y el deslinde de responsabilidades permanecen en manos de las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido en Matamoros.