No es un secreto que algunas agencias del orden de Estados Unidos desconfían del gobierno mexicano en sus investigaciones y operativos para capturar a criminales de alto perfil. Esto porque funcionarios de ese país han sido acusados en cortes estadounidenses de haber estado en la nómina de los carteles, como Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012.
Esa complicada cooperación bilateral se vio aún más afectada en noviembre, cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador abogó para que el Departamento de Justicia (DOJ) retirara los cargos de narcotráfico que le interpuso al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien resultó exonerado en su país. Además, se publicaron detalles de la investigación que realizó la DEA.
Matthew Donahue, subjefe de operaciones de la DEA, afirmó a principios de mayo que la relación entre ambos gobiernos estaba prácticamente rota por el caso Cienfuegos. “Estamos dispuestos a compartir (información) con nuestras contrapartes en México, pero ellos mismos tienen demasiado miedo de siquiera comprometerse con nosotros debido a las repercusiones de su propio gobierno si los atrapan trabajando con la DEA”, dijo Donahue en una entrevista con el medio NPR.
Al parecer vendría otro alejamiento en relación con un nuevo proceso judicial pendiente en EEUU, que señala por delincuencia organizada y lavado de dinero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Aunque ya se giró una orden de arresto en su contra, el funcionario sigue libre porque su cargo le da inmunidad judicial. De hecho, el congreso de este estado rechazó quitarle el “fuero”.
Para deslindarse del proceso penal contra García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador publicó el jueves, en un hecho inédito, un documento considerado como clasificado: la carta en la cual la embajada estadounidense le informó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, que existía una investigación preliminar en contra del funcionario y le pide ayuda.
“Imaginen si este señor (García Cabeza de Vaca) es detenido en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros? Como hemos quedado en otros tiempos: como tapaderas y el país de la impunidad”, expresó López Obrador, quien después ordenó que se exhibiera por completo dicho documento.
Firmado por el agregado jurídico de la embajada estadounidense Joseph González, el escrito advierte que el gobernador, su esposa, su madre, dos hermanos, un primo y múltiples empresas ligadas a este realizaron transacciones financieras dudosas en EEUU.
Pero esta polémica decisión de López Obrador dejó claro que él mismo podría difundir en sus conferencias matutinas otros documentos diplomáticos estadounidenses.
Existen protocolos diplomáticos que consideran confidenciales esas cartas, mientras que las leyes mexicanas prohíben siquiera identificar los nombres completos y el rostro de los sospechosos (el nuevo sistema judicial del vecino país pide que se publiquen las fotos de los imputados cubriéndoles al menos una parte del rostro y que en vez de sus apellidos se use la letra ‘N’), señala un artículo de la agencia AP.
“Es esencial la cooperación”
“Se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en Estados Unidos, México y otros países”, se lee en la carta diplomática, la cual menciona que el FBI mantiene abierto un caso de “lavado internacional de activos” que involucran al gobernante y sus familiares.
Algunas empresas bajo la lupa del FBI son Grupo Tramitador y Asesoría Legal, Horizonte Vertical, Impulsos y Desarrollos GBO, Inmobiliaria Las Asturias Inlas, Inmobiliaria RC de Tamaulipas, Barca de Reynosa, Avalúos y Peritajes del Sur, Blue Limit Comercial y Comercializadora Bosque Alto.
Además de la orden de arresto contra García Cabeza de Vaca, la UIF le congeló varias cuentas bancarias.
Al momento, el Departamento de Justicia no se ha pronunciado sobre la revelación de esta carta.
A través de su cuenta de Twitter, el gobernador tamaulipeco se declaró inocente y, según él, se trata de una campaña para debilitar a los detractores de López Obrador.
“No me han dejado defenderme”, señala un comunicado que fue publicado el miércoles en esa red social. “Los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores”, agrega.
Donahue, el subjefe de operaciones de la DEA, advirtió que el presunto distanciamiento con efectivos de las fuerzas del orden en México pone en riesgo la seguridad en ambos lados de la frontera. Eso ocurriría precisamente durante el peligroso crecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el segundo aire que los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le han dado al Cartel de Sinaloa.
Tamaulipas, el estado que gobierna García Cabeza de Vaca, es un territorio en disputa por los carteles del Golfo, del Noroeste y Los Zetas. Estos controlan el lucrativo tráfico de drogas y de inmigrantes.
“Es esencial que obtengamos la cooperación (del gobierno mexicano) para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, así como para detener el flujo de violencia en México", dijo Donahue en la entrevista con NPR. “Esperamos que quieran sentarse a la mesa y trabajar bilateralmente”, agregó.
De 'El Diablo' a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
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Genaro García Luna. La organización criminal creada por el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le entregó a Genaro García Luna, quien tuvo cargos de responsabilidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (de 2000 a 2012), presuntos sobornos para asegurar sus cargamentos de droga y obtener información sensible sobre inteligencia, según una acusación interpuesta en una corte federal de Nueva York. En dos ocasiones, el cartel supuestamente le entregó maletas que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo, afirma la Fiscalía. Fue arrestado en Texas el 9 de diciembre de 2019. Su nombre se mencionó en el juicio a ‘El Chapo’.
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Jorge Juan Torres López. Quien fuera gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López, de 65 años, enfrenta señalamientos de lavado de dinero, fraude bancario y malversación de fondos públicos en un tribunal federal en el sur de Texas. Fue extraditado a finales de octubre de 2019. El caso está relacionado con un litigio civil en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias en Bermudas. Torres López y Héctor Javier Villarreal-Hernández, su secretario de finanzas, presuntamente abrieron las cuentas para colocar dinero robado. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía General de la República (FGR)
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Edgar Veytia. Cinco carteles de la droga lo tenían en su nómina cuando era fiscal de Nayarit, un estado clave para las actividades del narcotráfico en México. Edgar Veytia, alias ‘El Diablo’, recibió sobornos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y otros grupos criminales, señala la acusación. En septiembre de 2019, un juez federal en Brooklyn lo condenó a 20 años de prisión por cargos de conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia EEUU. Se cree recibió de los capos al menos un millón de dólares. La justicia estadounidense ordenó que entregue dicha suma.
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Roberto Sandoval Castañeda. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue fichado por las autoridades estadounidenses en mayo de 2019. Entonces se ordenó congelar sus cuentas bancarias y confiscar sus bienes en este país. Se alega que participó “en una serie de actos de corrupción” y recibió sobornos de grupos criminales, incluyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. EEUU afirma que su esposa y sus hijos son sus testaferros, y también los colocó en su lista negra. Al momento sigue libre en México y en entrevistas aseguró que es víctima de una persecución política y que solo tiene poco más de 11,000 dólares en sus cuentas bancarias.
Twitter @RobertoSandoval
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Mario Villanueva Madrid. El exgobernador de Quintana Roo (1993-1999), Mario Villanueva Madrid, fue condenado por lavado de dinero y por su conexión con el Cartel de Juárez. Un tiempo pagó su condena en una prisión-hospital en Lexington. Al finalizar su administración fue acusado de narcotráfico y permaneció prófugo de la justicia por 2 años y 2 meses. Lo arrestaron en Cancún. Se alega que daba facilidades para el transporte de droga de Colombia a EEUU, a través de Quintana Roo, y envió millones de dólares a bancos en Suiza y Bahamas. En 2008, Villanueva fue sentenciado a más de 36 años por distintos cargos de contrabando de droga. Fue extraditado en 2010 a EEUU. A finales de 2016 fue deportado a México.
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José Rubén Gil Campos. Estuvo en la alcaldía de su natal Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, solo 40 días. José Rubén Gil Campos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2008 bajo sospecha de que conspiró para distribuir cocaína a Nueva York. Seis años después, agentes de la DEA lo detuvieron en esta metrópoli por una investigación que descubrió que su empresa transportista movía droga del Cartel de Sinaloa de costa a costa. Uno de sus cómplices fue señalado por lavar más de 100 millones de dólares de la empresa criminal de ‘El Chapo’ Guzmán. En agosto de 2019 fue condenado a pasar 12 años tras las rejas.
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Isidro Avelar Gutiérrez. Desde noviembre de 2019, este exmagistrado mexicano duerme en una celda de una prisión de máxima seguridad en el centro de México. Isidro Avelar Gutiérrez se enriqueció por estar en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero Los Cuinis “a cambio de proporcionar sentencias judiciales favorables a sus miembros superiores”, según el gobierno estadounidense. Estaba en la mirilla “por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”, señala la justicia mexicana. Ahora EEUU busca que lo extraditen y ya ordenó que congelen sus bienes en este país.
Departamento del Tesoro
U.S. and Mexico Border Summit
Tomás Yarrington Ruvalcaba. El hombre que gobernó el estado de Tamaulipas de 1999 y 2004 fue extraditado en abril de 2018 para hacer frente en EEUU a las acusaciones de extorsión, contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. En México pesan acusaciones sobre el exfuncionario en torno a las facilidades que dio al cártel del Golfo y a Los Zetas para el trasiego de estupefacientes a este país. En abril de 2017, Yarrington Ruvalcaba fue capturado en Italia mientras viajaba con un pasaporte falso. La investigación en su contra duró varios años y señala al dueño de una constructora mexicana. Una vez fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó su país por más de 70 años consecutivos.
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Eugenio Hernández Flores. En junio de 2015, el Departamento de Justicia (DOJ) desveló una acusación contra el exgobernador de Tamaulipas (de 2005 a 2010), Eugenio Hernández Flores, por presunta conspiración para lavado de dinero y ayudar con la operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. EEUU alega tener evidencia de que él y un cómplice movieron ilegalmente unos 30 millones de dólares. También se busca confiscarle tres propiedades en McAllen, Texas, valoradas en más de 2 millones de dólares, y otra en Austin. Enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel. El exmandatario lleva dos años en una prisión mexicana y ha presentado distintos recursos legales buscando detener su extradición.
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Humberto Moreira Valdés. En una corte federal de Texas un testigo lo vinculó con el Cartel de Los Zetas y lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. Pero Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila (de 2005 a 2010) y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue absuelto en 2016 por la justicia española. Allá permaneció detenido unos días. El testigo Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador de Los Zetas, afirmó que los narcotraficantes entregaron dinero a funcionarios durante la administración de Moreira, quien les dio contratos públicos para la remodelación de escuelas y carreteras. EEUU confiscó en 2013 una cuenta bancaria en Bermuda que tenía $2.2 millonesy estaba a nombre de quien fue su secretario de Finanzas, Héctor Villareal. Ese dinero provenía del lavado de dinero, cita la acusación.
EFE