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La comunidad en el sur de Florida se ha movilizado de manera masiva tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela. Para agilizar la recepción de donaciones y descongestionar los puntos principales como la sede de Global Empowerment Mission en Doral, se han habilitado nuevos centros de recolección de ayuda en distintas localidades.

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La morgue de Bello Monte en Caracas, Venezuela, alcanzó el límite de su capacidad operativa tras el ingreso de al menos mil cadáveres, debido a los sismos del 24 de junio. Entre las víctimas reportadas figuran 160 niños y adolescentes. Centenares de familias acuden a las instalaciones hospitalarias en busca de información oficial y listas de fallecidos, mientras los equipos médicos intentan agilizar los procesos de reconocimiento en medio de severas limitaciones logísticas.

El gobierno venezolano actualizó el balance oficial de víctimas tras el catastrófico terremoto, elevando la cifra de muertos a al menos 1,943 personas. El reporte de última hora también confirma 10,571 heridos en las zonas afectadas del país. Las autoridades sanitarias y los equipos de emergencia continúan con el despliegue operativo para atender la crisis humanitaria y asistir a los miles de damnificados.

"Los más vulnerables siempre son los niños, niñas y adolescentes", afirmó Mariela Adrián, oficial de Unicef, al evaluar el impacto del terremoto en Venezuela. La organización calcula que 680,000 menores necesitan asistencia humanitaria urgente ante el cierre de escuelas dañadas y el colapso hospitalario. El organismo despliega consejeros en los albergues para asegurar la protección infantil y activar protocolos inmediatos de reunificación familiar.

El centro de acopio de la Plaza de los Símbolos en Caracas activó un sistema de brazaletes de colores tras registrar robos y reventa de donaciones. Apoyados por ingenieros, los coordinadores del refugio inspeccionaron las estructuras de origen y detectaron personas con viviendas habitables que simulaban pérdidas. Las autoridades detuvieron con apoyo policial a implicados en el hurto de cajas de insumos destinados a las familias afectadas de La Guaira.

El drama humanitario por los terremotos en Venezuela afecta a familias en el exterior. Una madre venezolana en el sur de la Florida enfrenta la imposibilidad de viajar a la zona cero en La Guaira debido a su pasaporte vencido y al temor de perder su estatus legal. Su hijo, Levi Carrizo, permanece incomunicado junto a su esposa; se estima que está bajo los restos de un edificio residencial, reflejando la crisis migratoria que complica los reencuentros de emergencia.

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La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta crítica al confirmar que se viene una crisis hospitalaria debido a que los centros médicos alcanzaron su máxima capacidad en Caracas. Paralelamente, brigadas internacionales de Estados Unidos, México y Colombia trabajan contrarreloj en San Bernardino para localizar a 70 desaparecidos bajo los escombros. El Departamento de Estado estadounidense anunció el envío de fondos para construir cuatro hospitales de paso ante los terremotos en Venezuela.

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La organización de derechos humanos Provea instó a la administración estadounidense a revisar los procesos de expulsión y retorno forzado hacia el país suramericano. El coordinador de la ONG argumentó que la falta de servicios públicos y el colapso estructural por los terremotos anulan las condiciones mínimas para la reinserción social de los ciudadanos. La institución solicita canales informativos eficientes para proteger a los deportados en los albergues.

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Derivado de los terremotos en Venezuela, la cifra de muertos asciende a más de 1,700, mientras disminuye la probabilidad de vida entre los escombros. En otras noticias, rescatistas quedan varados en el aeropuerto de España esperando avales de Venezuela. Finalmente, mueren al menos cien peloteros del famoso equipo los Criollitos de La Guaira tras terremotos.

En el sexto día de la emergencia sísmica, un grupo de rescatistas de la Brigada 13 de Alicante permanece varado en el Aeropuerto de Madrid. Los brigadistas denuncian que llevan más de 48 horas esperando la autorización del gobierno de Caracas, mientras que el espacio aéreo venezolano continúa cerrado. Por su parte, la Embajada de Venezuela en España desmiente la versión y atribuye el retraso a decisiones operativas de las aerolíneas.

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