Órdenes ejecutivas

La decisión supone una victoria al gobierno de Trump tras una serie de reveses judiciales para la agenda del presidente frente a decenas de demandas.

El gobierno de Trump pidió limitar el alcance de las órdenes judiciales que actualmente bloquean su orden ejecutiva a nivel nacional y permitir así imponer parcialmente límites a la ciudadanía por nacimiento.

La orden negaría la ciudadanía a los nacidos después del 19 de febrero cuyos padres estén en el país sin documentos. También prohíbe a las agencias estadounidenses emitir cualquier papel estatal que reconozca la ciudadanía a esos niños.

Al 13 de marzo de 2025 no hay ninguna orden ejecutiva con esas características. Lo verificamos con los datos disponibles en la página web de la Casa Blanca y del Registro Federal.

La decisión aplica únicamente a los demandantes, entre los que se encuentran una red de iglesias bautistas de Georgia y un templo sij de California.

Sus seguidores más fieles están encantados. Quienes no lo apoyan observan con angustia. El país está lejos de alcanzar un consenso sobre qué hace grande a Estados Unidos y qué podría hundirlo.

La administración Trump revoca millonaria subvención a Sacred Heart University que beneficiaría a 80 futuros docentes, en medio de una campaña contra programas de diversidad, equidad e inclusión.

La orden ejecutiva de Trump que restaura la pena capital federal genera una respuesta inmediata: una donación récord para la defensa de Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare en Manhattan.

El decreto busca eliminar el uso indebido de los recursos de los contribuyentes para lo que ordena a las agencias y departamentos federales que identifiquen los beneficios financiados por el gobierno federal para las personas que se encuentran en los Estados Unidos ilegalmente, quienes legalmente no tienen acceso a la gran mayoría de esos beneficios.

La Casa Blanca justificó la medida diciendo que “garantiza que todas las agencias federales rindan cuentas al pueblo estadounidense y que “el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos confiere todo el poder ejecutivo al presidente, lo que significa que todos los funcionarios y empleados del poder ejecutivo están sujetos a su supervisión”.