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Los republicanos iniciaron un esfuerzo sin precedentes el martes para tomar el control del pleno del Senado y hablar durante días sobre el proyecto de ley SAVE Act por presión del presidente Donald Trump, pero que tiene pocas probabilidades de aprobación ante la oposición unificada entre demócratas e independientes.

Organizaciones civiles y dueños de flotas alistan demandas para frenar la restricción que impide a los inmigrantes obtener o renovar licencias comerciales. Los críticos aseguran que la medida carece de relación con la seguridad vial y solo agrava la escasez de choferes en la nación. Mientras los tribunales evalúan los retos legales, miles de familias enfrentan un futuro incierto y algunas empresas de carga pierden ya al 10% de su base de empleados por estas cancelaciones.

El proyecto aún debe completar su proceso legislativo antes de poder convertirse oficialmente en ley en Florida.

El Senado de Florida aprobó su propia versión de una ley inspirada en el SAVE Act federal que obligaría a los votantes a demostrar documentalmente su ciudadanía estadounidense para registrarse.

La medida también permitiría sancionar o remover a funcionarios locales que promuevan iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Legisladores buscan permitir a comercios redondear totales al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando clientes paguen en efectivo, tras el fin de la producción de monedas de un centavo.

La Policía de Houston modificó sus reglamentos internos después de que varios oficiales entregaran directamente a inmigrantes a los agentes de ICE. Juan Proaño, director de LULAC, advierte que estas prácticas destruyen la confianza de la comunidad latina en las autoridades locales y vulneran los derechos civiles de los afectados. El incidente reaviva el debate nacional sobre si los cuerpos de seguridad municipales deben colaborar en la aplicación de leyes federales de inmigración.

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El reciente fallo judicial destaca la tensión entre la presidencia y el Congreso sobre cómo gestionar los casos migratorios. Ante la falta de votos legislativos, el Gobierno utiliza acciones ejecutivas para intentar reformar la ley de apelaciones, pero los tribunales califican esta vía como un debilitamiento del sistema administrativo. Aunque el gobierno tiene 30 días para apelar esta sentencia, el fallo actual mantiene vigentes las normas de protección que permiten a los inmigrantes tener su día en corte.

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Dos proyectos presentados en 2026 buscan restringir la admisión de estudiantes sin estatus legal y modificar reglas de matrícula en universidades públicas.

Un conductor en Los Ángeles fue condenado a un año de cárcel por bloquear un operativo federal de inmigración de ICE. La ley de California establece penas de hasta un año en prisión por obstruir a agentes federales, incluso sin violencia física. Te explicamos la ley.