Inmigrante

Carlos Della Valle, inmigrante mexicano, tras casi nueve meses detenido y pasar por 16 centros de detención, recuperó su libertad. Fue liberado con monitor electrónico y continúa su caso en libertad junto a su esposa Angela.

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Gerardo Reyes lleva más de un mes detenido en un centro migratorio en Hutto tras un arresto en San Marcos. Su familia asegura que enfrenta una infección dental y falta de atención médica adecuada, por lo que piden clemencia y acceso urgente a medicamentos.

Cientos de manifestantes se concentraron cerca de la corte suprema estatal para exigir la continuidad del TPS para haitianos y sirios. Mientras se analiza la legalidad de eliminar esta protección, crece la preocupación entre las comunidades inmigrantes por el impacto del fallo y el precedente que podría afectar a otros países beneficiados.

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Servando Corona Peñaloza, inmigrante mexicano indocumentado, fue sentenciado a 25 años de prisión federal tras liderar desde una cárcel en Georgia una red internacional de drogas y armas. Las autoridades indicaron que movió más de mil kilos de droga y más de 200 armas.

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“Muchas veces el trato no fue humano”, relató Carlos tras pasar 252 días en centros de detención migratorios antes de reencontrarse con su familia. Su esposa, Angela, lanzó un mensaje en apoyo a la comunidad afectada por los operativos migratorios llamando a no rendirse y a luchar por la reunificación. "Deben de pelear por sus familias, no deben de rendirse".

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La incertidumbre crece para millones de inmigrantes. La administración de Donald Trump impone controles de seguridad más estrictos, incluyendo la repetición de datos biométricos y revisiones penales, lo que ha dejado a los solicitantes en un limbo indefinido. Conoce cómo te afectan estos cambios.

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Una nueva medida en la administración Trump pone una pausa temporal a las decisiones sobre solicitudes de inmigración. Miles de familias que buscan la legalidad de su estatus están en vilo ante ello. Consultamos a expertos sobre qué recomendaciones hay para quienes tienen casos migratorios pendientes.

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La Corte Suprema escuchó los argumentos en un caso sobre la iniciativa de la administración Trump para poner fin a las protecciones legales de los migrantes que huyen de la guerra y los desastres naturales. El caso es una muestra de cómo los jueces evaluarán la legalidad de la amplia campaña de represión migratoria del presidente. Es probable que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett tengan los votos decisivos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) instruyó a sus oficiales evaluar las actividades en redes sociales de los solicitantes de residencia. Según las nuevas directrices, el gobierno podrá negar el beneficio a quienes expresen puntos de vista extremistas, apoyen causas como las protestas pro-Palestina o cuestionen valores estadounidenses. Expertos advierten que una negativa no solo frena el trámite legal, sino que transfiere automáticamente el caso a una corte de deportación.

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Una corte de apelaciones frenó la política de detención obligatoria sin fianza, permitiendo que ciertos inmigrantes continúen sus procesos en libertad. Sin embargo, el Servicio de Inmigración anunció nuevos chequeos de seguridad que mantienen en pausa millones de solicitudes para detectar posibles fraudes. Expertos advierten que estas medidas ralentizan los trámites de asilo y residencia, mientras el gobierno acelera la deportación de menores no acompañados hacia terceros países.

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