Inmigrante

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Luis Tarr aún recuerda con temor y angustia la redada que realizaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su restaurante de Orlando, Florida, donde detuvieron a 10 de sus trabajadores. Desde entonces, no ha podido reabrir el negocio por falta de personal. Las personas a las que ha ofrecido empleo temen correr la misma suerte.

El tiroteo en el que murió Joan Sebastián Durán Guerrero fue la segunda vez en una semana que el ICE utiliza fuerza letal y, al menos, la novena muerte desde que el presidente Donald Trump inició su ofensiva contra la inmigración

Los hijos de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años que residía en Houston, exigen la publicación de las identidades de los oficiales que le dispararon. El reclamo coincide con las dificultades que reporta la Fiscalía del Condado Harris para acceder a los datos de la investigación que lidera la propia agencia migratoria. La comunidad mantiene vigilias en el lugar del incidente a una semana del tiroteo.

El foco de inmunidad del gobierno federal complica el camino legal para que las familias de las víctimas obtengan compensaciones o finquen responsabilidades a los agentes de ICE. Aunque las autoridades admitieron que persiguieron a los blancos equivocados en los operativos mortales, probar negligencia criminal resulta complejo. Además, la ley presupuestaria vigente exime a los oficiales de portar obligatoriamente cámaras corporales durante las capturas.

"Esto tiene que terminar", advirtió la gobernadora Janet Mills tras confirmar que agentes de ICE balearon por error a Joan Sebastian Guerrero. La mandataria de Maine criticó la forma desordenada en que las autoridades federales ejecutan los operativos migratorios. El joven colombiano de 26 años contaba con permiso de trabajo y no representaba el objetivo de la orden judicial. La comunidad local despide a la víctima mientras exige justicia por el ataque.

El deceso del inmigrante Joan Sebastian Guerrero a manos de oficiales de ICE aviva el debate sobre los límites de la fuerza letal en operativos migratorios. El abogado Armando Olmedo aclara que el intento de fuga de un sospechoso carece de validez legal para autorizar disparos mortales. La familia de la víctima evalúa interponer demandas judiciales contra el gobierno de Estados Unidos por violaciones a los protocolos de captura y la falta de transparencia en el procedimiento.

Tiroteo con un agente de ICE en Maine: Un colombiano de 26 años sería la víctima mortal

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibieron instrucciones para suspender de forma inmediata la mayoría de las detenciones de vehículos durante las operaciones de control migratorio en todo el país. Según informes de la cadena de comunicación CBS News, la medida sería temporal, con la excepción de los casos donde se involucran a delincuentes peligrosos. La decisión ocurre en medio de dos tiroteos mortales ocurridos en Texas y en Maine.

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon contra un ciudadano colombiano de 26 años en Biddeford, Maine, causándole la muerte. El hecho ha provocado una fuerte reacción de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Es la segunda vez en una semana que agentes de ICE utilizan fuerza letal. El caso anterior ocurrió el 7 de julio en Houston, Texas, cuando Lorenzo Salgado Araujo murió durante un operativo migratorio. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre presuntamente intentó embestir con su vehículo a uno de los agentes, quien respondió disparándole. En este caso, el Departamento ofreció una versión similar asegurando que los agentes de ICE intentaron detener el vehículo y que, cuando el conductor trató de huir, uno de ellos disparó su arma.

El Departamento de Seguridad Nacional admitió que agentes de ICE persiguieron a objetivos equivocados en Houston y Maine, donde un joven colombiano con permiso de trabajo murió tiroteado. Organizaciones civiles exigen una investigación independiente y la entrega de grabaciones de las cámaras corporales para esclarecer los protocolos de identificación. Asimismo, la fiscalía de Maine y el gobierno de Colombia demandan explicaciones formales a las autoridades federales en Washington.

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