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La nueva regla federal de “carga pública” amplía la discreción de funcionarios migratorios al evaluar algunas solicitudes de residencia y permite considerar el uso de determinados beneficios públicos, incluso por integrantes del hogar. Organizaciones recomiendan buscar asesoría antes de abandonar programas de ayuda. California y otros estados impugnan la medida en tribunales.

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Quienes están luchando contra la norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostienen que esta penaliza el uso de ayudas públicas a las que tienen derecho legal, tales como los vales de vivienda, los cupones de alimentos o Medicaid.

El abogado y asesor jurídico de TelevisaUnivision, Armando Olmedo, explica que las ayudas o beneficios públicos no monetarios, como programas de vivienda o cupones SNAP que hayan sido utilizados antes de la fecha límite del 18 de septiembre de 2026, continuarán rigiéndose bajo los criterios anteriores, por lo que no deben perjudicar las solicitudes ya registradas o pasadas. Las personas que no se deben preocupar son las que no dependen del gobierno.

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Una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia demandó a la administración Trump para bloquear la nueva regla de 'carga pública'. La medida permitiría a funcionarios federales considerar el uso de beneficios públicos al decidir sobre visas, residencia permanente o entrada a Estados Unidos. La regulación está prevista para entrar en vigor el viernes.

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Una nueva regla de 'carga pública' dará a los oficiales de inmigración mayor discreción al evaluar solicitudes de residencia permanente. Podrán considerar beneficios públicos recibidos por integrantes de la familia, incluidos hijos ciudadanos. La medida no elimina esos beneficios y no afecta a residentes legales que solicitan la ciudadanía ni a ciertos grupos protegidos.

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