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ICE anunció que sus agentes usarán cámaras corporales desde septiembre, pero la publicación de las grabaciones será selectiva. Abogados y activistas cuestionan quién decidirá qué videos se divulgan y advierten riesgos para la transparencia de los operativos migratorios.

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Atlanta, Georgia, vivió semanas de intensos operativos de ICE que dejaron 1,226 inmigrantes detenidos. La agencia aseguró que 720 tenían condenas o acusaciones criminales, mientras residentes denunciaron miedo y afirmaron que algunos arrestados no tenían antecedentes.

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José Arturo Vilches, un padre de familia venezolano con parole, fue detenido por agentes de ICE durante una parada de tráfico mientras llevaba a su hija al médico por una enfermedad cardiaca. Un paralegal en Austin cuestionó la detención y, tras una revisión judicial, la familia espera una decisión migratoria.

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Marcos Charles, director ejecutivo asociado de la Oficina de Ejecución y Operaciones de Remoción (ERO), explicó que más de la mitad de los detenidos tenían antecedentes penales.

Familiares de Edwin López Cornejo denunciaron que se había quejado de que no tenía acceso regular a sus medicamentos, los cuales necesitaba para la diabetes, la presión arterial alta y las convulsiones.

Los planes para el centro de datos han dividido a los residentes. Algunos se preocupan por el ruido y el impacto ambiental, mientras que otros ven beneficios económicos. Se han formado grupos comunitarios para oponerse tanto al centro de datos como a la colaboración con el ICE.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asignó 20 millones de dólares a ICE para equipar con cámaras corporales a sus agentes tras muertes como las de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Durán; la medida iniciará a finales de septiembre. Aunque se promete transparencia, la política interna condiciona la divulgación de videos de incidentes graves al beneficio de la agencia. Organizaciones califican esto como una contradicción.

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El temor se apodera de un corredor comercial en la ciudad de Camden, donde residentes y dueños de negocios reportan que la presencia de agentes de ICE ha reducido drásticamente sus ventas, haciendo insostenibles sus emprendimientos. El dueño de un restaurante señala que, además de la caída de comensales, la clientela prefiere pedir comida para llevar. Por su parte, los residentes inmigrantes expresan profunda preocupación.

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