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Carmen y sus ocho hijos enfrentan un duro momento, luego de que el esposo y padre de familia fue detenido por ICE en Tampa. Han pasado por varias situaciones ya que él era el sustento de la familia, incluso llegaron a vivir en la calle por más de un mes. Ahora enfrentan otro fuerte temor: que el hombre logre salir a tiempo para ver a su hija de cuatro años, y quien tiene un tumor en la cabeza. "Todos los días le pido a Dios que toque el corazón del oficial a cargo", narra entre lágrimas.

Inmigrantes evitan pagar impuestos por temor a que se compartan datos con ICE, las perdidas son millonarias

El procurador general de Texas, Ken Paxton, anunció una demanda en contra de la ciudad de Houston, el alcalde John Whitmire y miembros del concejo, ya que, según afirma, se están adoptando políticas de ciudad santuario y limita la colaboración de la policía local con los agentes de ICE. Además, a través de un comunicado, sentenció que la ordenanza adoptada por la ciudad es una violación a la ley SB 4, firmada durante la sesión legislativa del 2017.
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En una jornada crucial para su futuro, el venezolano Milenko Faria se presentó ante la corte de inmigración de McAllen, Texas, para avanzar en el proceso de asilo de su familia y exigir la liberación de su esposa, una médica internista que permanece bajo custodia de ICE. Durante la audiencia, Faria presentó pruebas de las amenazas sufridas en su país de origen y el impacto psicológico que la detención prolongada ha tenido en su esposa.

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Donald Trump hizo el anuncio sobre el cese al fuego temporal entre Israel y el Líbano que entra en vigor más tarde. En tanto, el papa León XIV habla sobre la guerra y la paz desde Camerún. También te contamos más sobre la liberación del médico venezolano detenido por ICE a principios de mes.

Millones de indocumentados dejan de presentar su declaración de impuestos este 2026 tras confirmarse que el IRS comparte información confidencial con las autoridades migratorias como ICE. El miedo a la deportación provoca una caída histórica en el uso del número ITIN, lo que podría costar al gobierno más de 400 mil millones de dólares en años. A pesar de que este grupo aporta 37 mil millones anuales a la economía, la nueva política de intercambio de datos frena su contribución fiscal.

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Tras semanas de incertidumbre y una fuerte movilización en redes sociales, el Dr. Ezequiel Véliz, un médico venezolano que permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias en Texas, recibió la orden de liberación para continuar su proceso de asilo en libertad. La defensa legal del médico confirmó que ICE aprobó su salida bajo fianza, tras demostrar que no representa un riesgo para la comunidad.

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El médico Ezequiel Véliz abandonará dentro de poco el centro de detención en Laredo tras el pago de una fianza. Autoridades migratorias lo arrestaron cuando viajaba hacia Houston, a pesar de contar con un proceso de visado vigente. Su liberación devuelve la esperanza y otorga un respiro a decenas de profesionales extranjeros en la frontera, quienes hoy temen por su situación legal tras la suspensión de extensiones de residencia y su acceso a la libertad.

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Las cifras oficiales también revelan que solo una parte de los deportados tenía antecedentes penales, mientras persisten dudas sobre millones de “autodeportaciones” sin sustento público de datos.

El Departamento de Policía de Phoenix reconoce que sus agentes utilizaron placas de México en vehículos sin identificación durante un operativo reciente. Tras la difusión de un video viral que generó indignación, las autoridades admitieron que el uso de estas patrullas camufladas provocó confusión y desconfianza en la comunidad. La institución anunció una revisión interna inmediata en todas sus comisarías para erradicar esta práctica y garantizar la transparencia policial.

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La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, mantiene en suspenso la propuesta de ley HB1441, la cual exigiría órdenes judiciales para que los agentes estatales colaboren con ICE. En ciertas situaciones, esta ley permitiría el traslado de detenidos bajo órdenes federales a organizaciones que trabajan con inmigrantes en la entidad. Asimismo, se plantea una restricción para que elementos federales no puedan actuar en ciertos lugares públicos, a menos que cuenten con una orden judicial válida.
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