FRESNO, California.- En tiempos de no pandemia, nadie se habría cuestionado si es legal o no pedir un certificado médico para constatar el estado de salud de un inquilino. Sin embargo, en los tiempos que corren, más de algún administrador podría hacerlo en virtud de resguardar la salud y seguridad de otros inquilinos.
Un trabajador agrícola del Valle Central dio positivo al coronavirus, pero ese no fue el mayor problema. Cuenta que el administrador de la propiedad donde vive le estaba solicitando información personal sobre su diágnostico de coronavirus.
De acuerdo al denunciante, quien prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, un día fueron a visitarle porque debían realizar trabajos en la vivienda, pero él no abrió la puerta comunicándoles que estaba infectado de coronavirus.
Esa información bastó para que a los días siguientes, la administación del complejo habitacional le pidiera un certificado médico que acreditara que ya no tenía el virus
"Cinco días después me dijo que quería una prueba donde daba positivo y después otra donde estuviera negativo" dice el inquilino.
De acuerdo a la Ley Federal, la información personal de salud de una persona es privada y confidencial, por lo tanto esta no debe ser compartida con nadie. Esto es que, si el administador de una propiedad sabe de un inquilino infectado de coronavirus, él no puede revelar la identidad de esa persona, dice Marcos Segura, abogado de la organización Central California Legal Services (CCLS)
Tampoco esa persona podría ser desalojada por el sólo hecho de estar contagiada con coronavirus, ya que existen órdenes de protección en contra de desalojos mientras dure la pandemia, dice Gloria Valdés del Consejo de Vivienda Justa para el Centro de California.
Eso sí, el abogado Marcos Segura hace hincapié que debido a las circunstancias que rodean la propagación del coronavirus, es probable que por razones de seguridad, el dueño o administrador de la propiedad pueda solicitar un documento.
"Si la persona le ha dejado saber al dueño que tiene esta enfermedad, entonces el dueño no podrá enviar trabajadores al apartamento sin saber que están protegidos" señala Segura y agrega que "el dueño tiene una obligación de proteger a los inquilinos y a sus empleados. Es razonable poner restricciones hasta que la persona compruebe que no tiene el virus, no puede usar áreas comunes, por ejemplo.."
Ahora bien, si un inquilino o arrendatario se siente discriminado porque le piden un certificado médico, puede buscar ayuda, ya que no existe ninguna obligación legal de compartir los resultados de una prueba de coronavirus con el arrendatario. Lo que sí es un mandato es continuar con las medidas de seguridad: mantener la distancia social, usar mascarillas en negocios y lugares públicos, y lavarse frecuentemente las manos.
Marcos Segura aclara que las restricciones implementadas por la admnistración o dueño de la vivienda no deben vulnerar los derechos de ninguno de los inquilinos.
Campesinos de una comunidad de casas móviles denuncian desalojos injustificados y hostigamiento
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La comunidad de casas móviles Shady Lakes, ubicada en la Av. Chestnut en Fresno, se encuentra indignada ante las decisiones tomadas por los nuevos dueños de la propiedad, la compañía Harmony Communities, quienes adquirieron el terreno a principios de 2019.
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En abril del año pasado, los residentes del parque de casas móviles recibieron su primera notificación: el precio de la renta subió de $395 a $525, un alza de $130 en el presupuesto del mes, que a muchos les costó y aún cuesta pagar.
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Para sorpresa de los inquilinos, una nueva notificación recibieron el pasado 27 de enero, la segunda en menos de un año donde les suben el alquiler. Ellos son dueños de las viviendas, pero no del terreno.
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Este segundo aumenta significa que a partir del 1 de mayo de 2020 tendrán que pagar $595. Pese a lo injusto que suena, las familias no pueden apelar a la nueva
ley AB 1482 sobre control de renta que entró en vigor el 1 de enero en California. La abogada Mariah Thompson de la organización CRLA (California Rural Legal Assistance, por sus siglas en ingles), dice que
"desafortunadamente la nueva ley no aplica para los parques móviles".
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Los residentes reclaman que más allá del alza de la renta, la propiedad no ha sido mantenida desde que llegaron estos nuevos dueños. Alegan que la supuesta razón de que las alzas se deben a "costos operacionales más altos de los esperados" es falsa porque no han hecho ningún arreglo que justifique los aumentos.
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Como por ejemplo, la lavandería que antes funcionaba y hace meses que está inutilizable porque sus lavadoras están 'fuera de servicio'. El residente dice que ellos pagaban por el servicio, pero estos nuevos dueños no parece interesarles.
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Esta rejilla oxidada es otra muestra, según los afectados, que no hay mantenimiento que justifique el aumento. Pero la abogada Thompson explica que la
ley de control de renta también tiene sus restricciones, excepciones y limitaciones.
La única solución sería que la ciudad o el condado aprobaran alguna ordenanza que los protegiera, comenta la profesional.
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De hecho, en el caso de los desalojos, también regidos por la nueva ley sobre control de renta, se especifica que estos pueden ocurrir por 'razones justificadas'. Los inquilinos de la propiedad Shady Lakes afirman que desde que llegó la nueva administración son notificados con cartas de desalojo, algunos con 7 días de aviso.
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Les dan 7 días a las familias para que desalojen. El problema es que las razones dadas son totalmente injustificadas, dice la abogada de CRLA. Los vecinos denuncian que se sienten hostigados por los nuevos dueños, ya que las nuevas reglas impuestas como 'guardar los zapatos dentro de la casa y no en el patio' son ridículas, aseguran los vecinos. La abogada Mariah Thompson agrega que incluso les pidieron que sacaran luces de Navidad que tenían fuera, sino serían desalojados en 7 días.
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No obstante, la respuesta de la empresa dueña de la propiedad fue que "si no les gusta, se van", dicen los afectados.
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