HOUSTON, Texas- La Fiscalía General de Texas intensificó su batalla legal contra la ciudad de Houston al solicitar el pasado 13 de noviembre un fallo sumario que declare ilegal y suspenda de manera permanente la Orden Ejecutiva 1-74, emitida recientemente por el alcalde John Whitmire, así como la circular policial que la implementa.
El documento judicial destaca que la administración municipal reincide en prácticas de "ciudad santuario" prohibidas por la ley estatal SB 4 del 2017.
La moción, presentada ante el Tribunal de Distrito del condado Fort Bend (Distrito Judicial 502), pide al juez resolver el caso directamente mediante la revisión de los escritos, sin necesidad de celebrar un juicio convencional.
El núcleo de la disputa: ¿cuándo puede HPD llamar a ICE?
El conflicto gira en torno a la Orden Ejecutiva 1-74, firmada por el alcalde Whitmire el 6 de noviembre de 2026, y una directiva interna emitida ese mismo día por el jefe del Departamento de Policía de Houston (HPD), Noé Díaz.
Bajo estas nuevas reglas, los agentes de HPD tienen estrictamente prohibido contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respecto a personas que no vayan a ser ingresadas en la cárcel por nuevos cargos penales u otras órdenes judiciales.
En la práctica, si un oficial detiene a alguien por una infracción menor que solo amerita una citación y liberación en el lugar, y al verificar sus antecedentes descubre una orden administrativa pendiente de ICE en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), el agente no está obligado a notificar a las autoridades federales.
Para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y su equipo legal, esta directriz viola directamente el Código de Gobierno de Texas (sección 752.053), conocido como la ley SB 4, promulgada en 2017.
Dicha normativa prohíbe a las municipalidades y departamentos de policía adoptar políticas que restrinjan materialmente la aplicación de las leyes migratorias o que impidan a los agentes compartir información sobre el estatus migratorio de personas bajo detención legal.
Un historial de idas y vueltas en 2026
La demanda estatal señala que esta es la segunda vez en el año que Houston intenta frenar la colaboración con autoridades federales:
- Antes del 8 de abril de 2026: La política general de HPD (GO 500-5) exigía a los oficiales ayudar a ICE cuando se les solicitaba y contactarlos si una revisión de antecedentes arrojaba una alerta migratoria.
- 8 de abril de 2026: El Concejo Municipal aprobó la Propuesta A (Prop-A), una ordenanza que instruía a la policía a no detener ni arrestar sospechosos basándose en órdenes administrativas de ICE.
- 16 y 22 de abril de 2026: Tras la demanda inicial presentada por el Estado el 16 de abril, el Concejo dio marcha atrás el día 22 —apenas 24 horas antes de una audiencia judicial de emergencia, y eliminó el lenguaje conflictivo mediante la Ordenanza 2026-0335.
Al día siguiente, el 23 de abril, HPD emitió la Circular 26-0423-044, restableciendo la obligación de contactar a ICE incluso si no existían cargos criminales locales.
- 6 de noviembre de 2026: El alcalde Whitmire emitió la Orden Ejecutiva 1-74, revirtiendo de facto el cumplimiento logrado en abril y condicionando nuevamente cualquier contacto con ICE a que el detenido enfrente cargos que ameriten encarcelamiento.
Los argumentos legales del Estado
En el escrito presentado por el abogado especial Kyle Tebo, la Fiscalía refuta las posibles defensas de la ciudad de Houston. Primero, señala que una cláusula general incluida en la sección 2 de la orden, donde se afirma que no se pretende limitar la discreción legal de los agentes, carece de validez cuando la sección 4 prohíbe explícitamente la comunicación con ICE en detenciones sin encarcelamiento.
Asimismo, el Estado rechaza que la medida pueda justificarse como una simple asignación neutral de recursos policiales.
Citando precedentes federales como el fallo del Quinto Circuito en City of El Cenizo v. Texas, los abogados estatales argumentan que la orden de Houston no regula turnos ni horas extras de manera general, sino que apunta específicamente contra una agencia federal y un tipo de comunicación migratoria.
Además, destaca que la directiva ni siquiera contempla excepciones para que HPD responda si un agente federal solicita ayuda directamente.
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Qué busca la Fiscalía?
Dado que tanto el poder legislativo local (el Concejo en abril) como el ejecutivo (el alcalde en noviembre) han impulsado medidas contra la ley SB 4, el Estado solicita una orden judicial que abarque a todos los demandados: la ciudad de Houston, el alcalde Whitmire, el jefe de policía Díaz y los 16 concejales (Amy Peck, Tarsha Jackson, Abbie Kamin, Carolyn Evans-Shabazz, Fred Flickinger, Tiffany D. Thomas, Mary Nan Huffman, Mario Castillo, Joaquín Martínez, Edward Pollard, Martha Castex-Tatum, Julian Ramírez, Willie Davis, Twila Carter, Alejandra Salinas y Sallie Alcorn).
La petición busca que el tribunal declare ilegales tanto la Orden Ejecutiva 1-74 y su circular policial como la ordenanza original de abril, y que prohíba de manera permanente a los funcionarios municipales adoptar cualquier política futura que restrinja la cooperación de la policía local con ICE fuera de lo permitido por la ley estatal.