LOS ÁNGELES, California - Casi 4 de cada 10 personas señaladas en California por el gobierno del presidente Donald Trump como posibles votantes que no son ciudadanos, ni siquiera aparecen en los registros electorales del estado.
La información, publicada el sábado, consta en un escrito legal y surgió del análisis que dos científicos de datos de la Universidad de California en Los Ángeles hicieron de los 20,930 nombres que el Departamento de Justicia exigió que los funcionarios electorales de California trataran como posibles votantes ilegales. Les pidió separar sus boletas durante el conteo de votos el día de las elecciones.
Miembros del proyecto de Derechos Electorales de UCLA, junto con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), demandaron impugnando ese listado, agregando ahora la data que reflejó el análisis.
Varios jueces ya han rechazado la exigencia por considerarla inconstitucional y una amenaza para la democracia, y funcionarios locales y estatales han denunciado que la lista está plagada de errores.
¿Como cuáles? La investigación de los científicos de datos de la Universidad de California concluyó que 8,880 de los nombres, que representan 42% de toda la lista, no corresponden a ninguna persona en el archivo electoral actual de California. Otros 22 son ciudadanos de Estados Unidos y otros más podrían tener ciudadanía confirmada.
“Esta revisión demuestra, al menos por preponderancia de la evidencia, que las exigencias a los funcionarios electorales bajo amenazas penales y civiles ponen en peligro los derechos de voto de los miembros y clientes de la parte demandante CHIRLA”, menciona el escrito, firmado por Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador de California y asesor del Proyecto de Derechos Electorales de UCLA.
Trump insiste en que hay fraude
El presidente Donald Trump lamentó los fallos judiciales contra su esfuerzo por obligar a California a separar los votos de las personas que su gobierno etiqueta como presuntos no ciudadanos, aunque uno provino de un juez que él mismo nominó.
En una publicación en redes sociales, el 31 de octubre, el presidente Trump afirmó que su Departamento de Justicia encontró “20,000, pero potencialmente cientos de miles, y quizá incluso millones” de votos fraudulentos, “y el tribunal acaba de fallar en contra. ¿Por qué rechazarían arreglar el fraude electoral?”
El Departamento de Justicia ha advertido a funcionarios electorales de California que podrían enfrentar responsabilidad penal si permiten que no ciudadanos voten y emitió citaciones a oficinas electorales allí.
Funcionarios electorales se han quejado de que el gobierno de Trump los ha confrontado con listas de posibles votantes ilegales a última hora sin tiempo para realizar la minuciosa investigación exigida para eliminar a alguien de los padrones.
Se han presentado múltiples demandas para impedir que el gobierno continúe amenazando a funcionarios electorales locales. En California, varios condados realizaron verificaciones rápidas de la lista de Trump y encontraron numerosos errores.
El análisis más amplio del sábado fue posible porque un juez federal el viernes ordenó al gobierno de Trump compartir la lista con los demandantes en el caso.
Falta el dato más crucial
CHIRLA y el proyecto de UCLA demandaron al Departamento de Seguridad Nacional a principios de octubre para impedir que utilizara datos federales de inmigración para impugnar los padrones electorales estatales. La demanda citó ejemplos en otros estados donde se ha demostrado que los datos del gobierno federal incluyen por error a miles de ciudadanos.
El caso argumentó que los métodos de emparejamiento de datos corren el riesgo de privar del derecho al voto o disuadir de votar a ciudadanos. Además, argumentaron los demandantes, las listas podrían apuntar de manera desproporcionada a ciudadanos naturalizados que tienen derecho legal a votar.
Aplicando la metodología del gobierno, los investigadores de UCLA encontraron que casi 7,500 ciudadanos naturalizados en el estado tenían una “alta probabilidad” de ser marcados incorrectamente como no aptos.
Los investigadores señalaron que el gobierno aparentemente eliminó el número de identificación del votante de los nombres, lo que dificulta que los funcionarios electorales determinen si ya estaban en los registros o eran duplicados en la lista del Departamento de Justicia. Describieron el número de identificación del votante como el dato más crucial.
El Departamento de Justicia sostiene que hay tanto que perder si las boletas no se separan.
“Cada boleta emitida por un votante no apto anula el voto de un ciudadano estadounidense”, escribió en un correo electrónico Kiersten V. Pels, portavoz del departamento. “El Departamento no se disculpa por proteger esos votos”.