Política

Dania Palma, es una inmigrante hondureña indocumentada quien lleva más de una década en Estados Unidos. Su esposo fue deportado a Honduras por una infracción de tráfico en agosto de 2015 y asesinado semanas después en su tierra natal. Dania se enteró de que estaba embarazada cuando su marido estaba en el centro de detención a punto de ser deportado. Con dos hijas ciudadanas estadounidenses, Dania hubiera calificado para la medida migratoria de Obama.

Tras fallo del Tribunal Supremo millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes, además de dreamers, pueden perder el derecho de permanencia en EEUU por culpa de estafadores.

"Los mexicanos miden el crecimiento a través de dos atajos informativos: el tipo de cambio, que va para arriba sin indicios de parar, y los anuncios sobre el gasto público”. El impacto más fuerte podría darse en uno de los mayores motores de la economía: el consumo privado.

La salida de Reino Unido de la Unión Europea refuerza los argumentos nacionalistas y populistas que maneja en EEUU el virtual candidato presidencial republicano.

Michael Caputo, quien renunció tras la salida de Corey Lewandowski y está enemistado con él, asegura que el golpe final se lo dio su gestión de la polémica por el juez hispano Gonzalo Curiel.

El fallo adverso del Tribunal Supremo no acobarda a la comunidad inmigrante. Activistas siguen en pié, reiteran llamado a votar y presionar nuevamente al Congreso para que legalice a los 11.3 millones sin papeles.

El exgobernador californiano Pete Wilson es un político de infausto recuerdo para los latinos de California pero gracias a él un grupo de líderes ahora en el poder decidió entrar en política.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández habla sobre el escenario luego del voto y qué puede pasar con la medida de Obama.

Tras la masacre de Orlando, varias propuestas de ley buscan prohibir la venta de armas a sospechosos de terrorismo incluidos en listas elaboradas por la administración, pero los críticos avisan que vulneran la presunción de inocencia y la Segunda Enmienda.

Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza deberán pagar 3,652 pesos (equivalentes a unos 195 dólares) por no estar acreditados como los defensores del líder del cártel de Sinaloa.