La Corte Suprema rechazó el lunes una solicitud para que California apartara miles de boletas de voto por correo de personas que la administración del presidente Donald Trump afirma que no son ciudadanas, una decisión que se produce en vísperas de las cruciales elecciones de mitad de período.
La Corte se negó a intervenir en un caso que involucraba a 20.000 personas que la administración republicana había señalado como posibles no ciudadanos en el censo electoral de ese estado, mayoritariamente demócrata.
Fue el último de una serie de litigios relacionados con las elecciones, el día antes de las elecciones de mitad de mandato, que decidirán el control del Congreso durante los dos últimos años del segundo mandato de Trump.
En California, la administración Trump había solicitado al Tribunal Supremo que anulara las papeletas impugnadas hasta que se verificara la ciudadanía de los votantes. Sin embargo, las autoridades estatales afirmaron que la lista parecía contener numerosos errores y que anular dichas papeletas podría privar del derecho al voto a electores legales.
La Corte Suprema no detalló su razonamiento, como suele ocurrir en las decisiones de emergencia. Los magistrados ya habían rechazado en septiembre la iniciativa de Trump para restringir el voto por correo en todo el país, a pesar de que en otras apelaciones de emergencia se han puesto del lado de su administración.
La administración republicana de Trump ha priorizado la identificación de votantes no ciudadanos este año, a pesar de que son poco comunes.
Un juez de un tribunal de distrito ya había denegado la solicitud del Departamento de Justicia y advirtió que dicha exigencia podría privar del derecho al voto a los ciudadanos en las elecciones de mitad de mandato del martes, que determinarán el control del Congreso.
También el lunes en Washington, otro juez federal falló en contra de los intentos del gobierno de hacer exigencias de última hora a los funcionarios electorales de California, al considerar que violaban la Constitución de los Estados Unidos.
“Es probable que el Poder Ejecutivo haya violado la Cláusula Electoral de la Constitución, que otorga la autoridad sobre las normas electorales exclusivamente a los estados y al Congreso”, escribió el juez presidente James Boasberg.
Por su parte, la administración afirmó que separar las papeletas era una petición modesta que, en última instancia, permitiría que se siguieran contando los votos legales.
La administración se ha enfrentado a una notable serie de derrotas en los tribunales en su intento por lograrlo, así como a críticas por esperar hasta unas pocas semanas antes de las elecciones para presentar sus exigencias a los funcionarios electorales de California con una lista que incluso el Departamento de Justicia admite que no es del todo fiable.
Durante una audiencia para decidir si se debía revocar su propia orden que prohibía a la administración amenazar con procesar a los trabajadores electorales que permitieran votar a personas potencialmente ilegales, la jueza del Tribunal de Distrito, Trina Thompson, analizó en detalle los informes sobre las imprecisiones generalizadas en los datos del Departamento de Justicia.
“¿Estaría de acuerdo en que hay una alta tasa de error?”, preguntó Thompson a Kenneth Kao, abogado del Departamento de Justicia.
“Es una afirmación justa”, dijo Kao. “Por eso solicitamos la ayuda de los registradores para verificar que todos estos votantes sean válidos”.
Al mismo tiempo, Bill Essayli, el fiscal federal a cargo de la oficina del Departamento de Justicia en Los Ángeles, declaró en una conferencia de prensa que estaba completamente seguro de que las personas que figuraban en la lista no tenían derecho a votar.
“Esto no es especulación. Esto no es una teoría”, dijo Essayli, aunque posteriormente admitió que podría haber errores en la lista.
La votación en California comenzó a principios de octubre. A los aproximadamente 23 millones de votantes registrados del estado se les envió una boleta por correo. Ya se han procesado cientos de miles de boletas. Los funcionarios electorales de California han declarado que encontrar y apartar las boletas impugnadas ahora sería logísticamente imposible.
El fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata, afirmó que la apelación "apesta a desesperación y es otro intento de socavar nuestras elecciones y pisotear el estado de derecho".
Los tribunales inferiores se han puesto del lado del Estado, y un juez de distrito advirtió que separar las papeletas de votación "causaría estragos" en las elecciones de mitad de mandato y erosionaría la confianza en el proceso democrático.
“Si el poder ejecutivo puede desestimar votos y amenazar con suspender unas elecciones basándose en acusaciones sin fundamento, entonces nuestra democracia está en peligro”, escribió el juez de distrito estadounidense David O. Carter, nominado por el presidente Bill Clinton, del Partido Demócrata.
Un panel de la corte de apelaciones, con una votación de 2 a 1, ratificó su orden. Un juez designado por Trump y otro por el presidente Joe Biden, demócrata, votaron a favor. El tercer juez del panel, también designado por Trump, argumentó en su voto particular que la negativa de California a separar las papeletas fomenta la violación de la ley federal.
El Departamento de Justicia ha intentado agilizar el caso, solicitando sin éxito la intervención temprana de un tribunal de apelaciones.