Los funcionarios electorales locales de California están confundidos y frustrados tras recibir cartas del Departamento de Justicia del presidente Donald Trump exigiendo que los registradores de los condados retengan las papeletas que el gobierno federal cree que fueron enviadas a votantes no ciudadanos antes de las elecciones de mitad de período.
Las cartas, enviadas el viernes, solicitan información confidencial, incluyendo números de Seguro Social, de aproximadamente 20,000 votantes. Es ilegal que los no ciudadanos se registren para votar o emitan su voto. La administración ha insistido en que el voto de los inmigrantes es un problema grave a nivel nacional, cuando en realidad es bastante raro, como lo han demostrado incluso sus propias investigaciones.
“Todo esto simplemente pretende generar enormes dudas sobre la integridad de estas elecciones”, dijo John Tuteur, registrador de votantes del condado de Napa en la región vinícola de California.
Tuteur y otros funcionarios electorales que hablaron con Associated Press el sábado dijeron que ya han comenzado a contar las papeletas que han ido llegando de los 23 millones de votantes registrados del estado.
“No vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo. Seguiremos adelante con las elecciones”, dijo.
El gobierno federal fijó un plazo de 48 horas para proporcionar la información y advirtió que se podrían emprender acciones legales contra cualquier funcionario que, a sabiendas, contara el voto de un no ciudadano.
Sin embargo, la Fiscalía General de California afirmó que las cartas contenían errores. Por ejemplo, según la documentación presentada por el estado ante el tribunal, los funcionarios del condado de Mendocino recibieron una lista de personas que no residían allí.
Estas cartas representan la última escalada en la batalla legal entre California, estado gobernado mayoritariamente por los demócratas, y el Departamento de Justicia de Trump, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato.
El gobierno federal presentó una demanda el 15 de octubre, aproximadamente tres semanas antes de los comicios, solicitando a un juez que impida al estado contabilizar los votos por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como posibles no ciudadanas. Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito escuchará los argumentos el domingo sobre si se puede obligar a California a cumplir con las exigencias del gobierno federal.
Algunos funcionarios afirman que procederán con el recuento de votos
Tuteur declaró que dos agentes uniformados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregaron una carta en su oficina el viernes por la tarde. La carta incluía los nombres de 42 personas a quienes el gobierno federal acusaba de ser extranjeros inscritos ilegalmente para votar.
Hay aproximadamente 86,000 personas inscritas para votar en todo el condado, que cuenta con más de 130,000 habitantes, según Tuteur. Alrededor de 11,000 personas ya habían emitido su voto por correo hasta el viernes. En condados más grandes, como Los Ángeles, esa cifra ya ha superado los 331,000 votos por correo contabilizados.
Dijo que sus empleados y sus familiares estaban preocupados por lo que pudiera suceder a continuación.
“Mi familia está preocupada y angustiada por lo que me va a pasar”, dijo.
La carta enviada a la oficina de la secretaria-registradora Kim Grady en el condado rural de Amador enumeraba a cuatro personas presuntamente registradas ilegalmente para votar en el condado. Grady estaba esperando más instrucciones del estado sobre qué debía hacer y no estaba segura de si obtendría alguna aclaración antes de la fecha límite.
El Departamento de Justicia amenaza con procesar
La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, enfatizó en un comunicado el sábado que el departamento explícitamente "no está solicitando una purga, la cancelación de registros ni ninguna acción programática".
En cambio, escribió Pels, los funcionarios federales están pidiendo colaboración para "garantizar las elecciones más seguras en la historia de California".
Las cartas del viernes se enviaron poco después de una redada estatal llevada a cabo el lunes por las autoridades federales, en la que 28 personas de una lista de 20,000 fueron acusadas de registrarse ilegalmente para votar. Algunas también fueron acusadas de votar ilegalmente y de mentir en los documentos de naturalización. Estos cargos podrían acarrearles años de prisión.
Bill Essayli, el fiscal federal principal de Los Ángeles, dijo que los empleados que no cumplieron con las exigencias del gobierno también podrían enfrentar un proceso judicial.
“Las cartas hablan por sí solas. Cualquier funcionario electoral que procese a sabiendas la papeleta de un no ciudadano se expone a problemas legales”, dijo Essayli en un comunicado.
El voto de personas no ciudadanas es muy poco común. Por ejemplo, a principios de este mes, el fiscal general Todd Blanche anunció cargos federales contra 10 personas en Minnesota por presuntamente haber votado ilegalmente en las últimas tres elecciones, un período en el que se emitieron más de 8 millones de votos en el estado.
Pero Essayli afirmó el lunes que incluso un pequeño número de votantes ilegales podría "diluir" el voto y socavar la confianza en las elecciones.
A los funcionarios les preocupan los datos del gobierno de Trump
Algunos funcionarios electorales que hablaron con Associated Press el sábado han puesto en duda la exactitud de la lista de 20,000 votantes del gobierno federal.
“Espero que esta acusación se desmorone como vimos recientemente en Nevada”, dijo Kristin B. Connelly, secretaria y registradora de votantes del condado de Contra Costa, refiriéndose a las declaraciones que Trump hizo en julio, cuando afirmó que el estado vecino tenía 1,500 votantes no ciudadanos en su padrón electoral. Después de que se le pidiera a su administración que los identificara, el número real de no ciudadanos registrados resultó ser cero.
Los funcionarios del condado de Los Ángeles, demandados en el litigio federal, se han hecho eco de las preocupaciones de Connelly sobre los datos del gobierno federal. Un análisis preliminar de 200 nombres de la lista estatal de 20,000 personas reveló que más del 40 % habían cancelado su registro, según un documento presentado por funcionarios del condado ante el tribunal el miércoles. Más del 70 % de esa muestra no tenía ningún historial de votación, y casi 4 de cada 10 nacieron en Estados Unidos.