La semana pasada, el presidente Donald Trump promulgó un paquete de estímulo económico bipartidista de dos billones (mil millones) de dólares destinado a apoyar a los trabajadores y a la economía de Estados Unidos durante la devastadora propagación del covid-19.
El paquete de estímulo es necesario para asegurar que los miembros de la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y las familias trabajadoras que continúan presentándose a trabajar y que están al frente de la lucha en contra del coronavirus, estén protegidos y seguros.
Pero se necesita mucho más. El proyecto de ley deja a muchas de las comunidades que más ayuda necesitan en este momento de crisis, con menos cuidado y asistencia que otras, y al hacerlo hace que todos nosotros estemos menos seguros.
Los inmigrantes son nuestros compañeros de trabajo, vecinos y amigos. Viven en nuestras comunidades y en estos momentos se encuentran al frente de la epidemia. Son líderes poderosos en SEIU y sin ellos nuestras fuerzas laborales de servicios y cuidado se paralizarían. Sin embargo, este proyecto de ley, junto con el firmado por el presidente la semana pasada, excluye a millones de ellos de algunos de los programas básicos diseñados para mantenernos a todos seguros y capaces de sortear esta tormenta.
Uno de cada seis proveedores de cuidado de salud que se encuentran al frente de la pandemia del coronavirus son inmigrantes, incluyendo al 28% de los doctores y cirujanos; 24% de enfermeras y trabajadores de psiquiatría y cuidado en el hogar.
En los hospitales, en los centros de cuidado de niños, en los aeropuertos, en los edificios de oficinas y en otros lugares de trabajo en todo Estados Unidos, los inmigrantes son los trabajadores esenciales que están luchando por ganar un sindicato, y están unidos para detener la propagación del coronavirus y asegurarse de que toda la gente trabajadora esté protegida al ir a trabajar.
Sin embargo, este proyecto de ley deja a millones de ellos sin acceso a Medicaid para pagar por la prueba del virus, incluyendo a muchos Dreamers, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal o TPS y a trabajadores indocumentados.
El proyecto de ley proporciona fondos en efectivo que le permitirán a muchas personas que se encuentran enfermas, o refugiándose en casa, a hacer esto sin matar de hambre a sus familias o perder sus casas. Pero este proyecto de ley también deja a millones de inmigrantes inelegibles para estos programas y, por lo tanto, muchos de ellos se verán obligados a dejar su hogar para ir a trabajar a pesar del peligro que esto representa para sí mismos o para los demás.
Excluirlos de los mismos servicios médicos u otros servicios que todos los demás pueden recibir, no es solamente moralmente incorrecto sino peligroso para la salud y bienestar de todas nuestras comunidades.
Trabajadores esenciales como el beneficiario de TPS, Arcadio Mejía, un enfermero auxiliar por más de 12 años que continúa presentándose a trabajar y registrando horas adicionales para ayudar a satisfacer la demanda, a medida que los casos de covid-19 continúan aumentando. A Arcadio le preocupa contraer el virus y, a su vez, poner en riesgo a su familia.
Debemos y podemos hacerlo mejor para trabajadores como Arcadio Mejía.
El Congreso debe comenzar a trabajar de inmediato en un nuevo proyecto de ley que garantice que todos los que necesiten pruebas y tratamiento del virus puedan hacerlo, independientemente del estatus migratorio y proporcionar la ayuda necesaria para asegurar que todo el que debe permanecer en casa para proteger a su familia o la salud pública lo pueda hacer.
Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.