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Un tribunal de apelaciones niega el derecho a audiencias de fianza a inmigrantes detenidos con procedimientos de deportación

El nuevo dictamen responde a los casos de tres migrantes que llevaban más de una década en el país y les niega el derecho a libertad bajo fianza. Abogados expertos en inmigración coinciden en calificar el fallo como "profundamente preocupante".
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El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, reunido en pleno, dictaminó que los inmigrantes que entraron ilegalmente a Estados Unidos pueden ser detenidos durante los procedimientos de deportación sin audiencias de fianza individualizadas, incluso después de haber vivido en el país durante décadas, revocando tres órdenes que habían concedido esa liberación a tres inmigrantes.

El dictamen involucró a tres hombres que habían vivido en Estados Unidos entre 14 y 22 años antes de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los detuviera tras controles de tráfico. Los jueces de distrito ordenaron su liberación, al considerar que el debido proceso requería audiencias para determinar si representaban un peligro o tenían riesgo de fuga.

Se trata de Ignacio Sosnava Rodríguez, mexicano que llevaba más de 22 años en EEUU; Alejandro Villegas Ángel, mexicano que residía en el país desde 2011 y que tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses,
y Miguel Ángel Gómez Alvarado, hondureño que vivía en el país desde 2012 y tiene un hijo ciudadano estadounidense.

Los tres fueron detenidos después de incidentes relacionados con el tráfico y quedaron bajo custodia migratoria. Presentaron recursos de habeas corpus, argumentando que permanecer detenidos sin una audiencia de fianza vulneraba el debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda.

Los jueces de distrito les dieron la razón, ordenaron su liberación y prohibieron que las autoridades volvieran a detenerlos sin celebrar antes audiencias individualizadas.

Pero ahora el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito concluyó que, al no haber sido admitidos legalmente en Estados Unidos, los tres hombres estaban sujetos a la detención obligatoria prevista en la sección 1225(b)(2)(A), mientras se tramitaban sus procedimientos de expulsión.

Según el tribunal, la Constitución no les garantiza una audiencia individualizada de fianza para determinar si representan un peligro o si existe riesgo de fuga. La decisión también rechaza que la duración de sus detenciones justificara concederles el habeas corpus en estos casos.

¿Qué opinan los abogados expertos en inmigración?

Para saber cómo afectará este dictamen en adelante a casos similares, le pedimos una valoración al abogado experto en temática migratoria, Álex Martínez.

"Antes, muchas personas que entraron de manera irregular podían pedir una audiencia de fianza; incluso en julio hubo un fallo que reconocía una audiencia en un plazo de 90 días. Ahora, con la decisión nueva del Quinto Circuito, esa protección desaparece: ya no hay derecho automático a una audiencia de fianza simplemente por tener familia, años aquí o por no ser peligroso", explicó Álex Martínez.

"El habeas corpus sigue existiendo, pero cambia para qué sirve. Ya no basta decir 'llevo mucho tiempo aquí y no soy un riesgo y quiero fianza'; tiene que haber alguna ilegalidad distinta, como que ICE te haya puesto en la categoría equivocada de detención u otra violación legal concreta. En resumen, el habeas no desaparece, pero se estrecha muchísimo; ya no abre la puerta a acceder a él solo por detención prolongada como antes", matiza el abogado.

Además, Martínez subraya que la decisión del Tribunal de Apelaciones es un espaldarazo a la política antiinmigración de la administración Trump.

"El Quinto Circuito respaldó la posición del gobierno de que personas que entraron irregularmente pueden ser detenidas por ICE sin audiencia de fianza ante un juez. Esto puede afectar incluso a personas que llevan años viviendo aquí, con familia, trabajo y sin récord criminal. En la práctica, ICE tendrá más respaldo para mantener detenidas a esas personas durante su proceso; mucha gente que antes podía pedir fianza ahora podría no poder hacerlo. Esto aumentará las separaciones familiares y hará más difícil pelear los casos desde afuera, sobre todo en Texas, Luisiana y Mississippi", advierte el abogado.

"En mi opinión, es una decisión muy preocupante porque limita el acceso a una audiencia de fianza y afecta el debido proceso de miles de familias inmigrantes", concluye.

Consultamos también el fallo con el abogado experto en inmigración Ezequiel Hernández, quien coincide en su diagnóstico al afirmar que "no es buena noticia".

"No es una buena noticia para la defensa legal porque esencialmente la corte dictó que una persona que entra indocumentada a EEUU no tiene derecho a una fianza", reconoció.

"El problema es que ahora el razonamiento puede sentar jurisprudencia y se podría usar en la Corte Suprema.
Creo que este tema (de las fianzas) llegará a Corte Suprema con los casos del Primer y Segundo Circuito tras la demanda de Nueva York", vaticinó el abogado.

La también abogada experta en inmigración Ruby Powers asegura que este dictamen es "profundamente preocupante".

"Esta decisión es profundamente preocupante. Personas que han vivido en este país durante años, han formado familias y han contribuido a sus comunidades ahora pueden permanecer detenidas durante todo el proceso migratorio sin tener siquiera la oportunidad de comparecer ante un juez para solicitar su puesta en libertad. Los tres hombres de este caso llevaban viviendo aquí entre 12 y 22 años, y dos de ellos son padres de ciudadanos estadounidenses. Muchas de las personas afectadas por este fallo no tienen antecedentes penales", afirmó Powers.

"El debido proceso es una garantía constitucional fundamental que se aplica a todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria. El obierno no debería poder privar a alguien de su libertad sin garantías jurídicas efectivas ni una oportunidad real de impugnar su detención", recalcó la abogada.

¿El dictamen se aplica a todo el país?

Por ahora, esta decisión es un precedente obligatorio únicamente en Texas, Luisiana y Mississippi, porque son los tres estados que pertenecen al Quinto Circuito.

Sin embargo, el abogado experto en inmigración Álex Martínez advierte de que la política de detención del gobierno federal es nacional.

"Significa que ICE puede intentar aplicar la misma interpretación en otros estados, pero los tribunales fuera del Quinto Circuito no están obligados a seguir esta decisión y pueden resolver de manera diferente", explicó.

"En resumen, la decisión tiene efecto obligatorio en esos tres estados, pero sus consecuencias pueden extenderse al resto del país. No es una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos", puntualizó el abogado experto en inmigración.

Un fallo dividido

El fallo revoca el requisito, impuesto por un panel dividido, de celebrar una audiencia de fianza dentro de los 90 días posteriores a la detención. El tribunal en pleno revocó las tres sentencias de hábeas corpus, anuló las órdenes de liberación y ordenó la emisión inmediata de su mandato.

La jueza Leslie Southwick, con el apoyo de otros cinco jueces, emitió un voto disidente, argumentando que el gobierno no puede detener a personas durante todo el proceso de deportación sin justificar su confinamiento prolongado.

Y la jueza Catharina Haynes (nombrada por George Bush) se mostró a favor de una norma más restrictiva para los residentes de larga duración.

"Son 10 votos contra siete. Siete jueces de este tribunal discreparon de la decisión, y otros nueve tribunales federales de apelación han llegado a la conclusión contraria. En este momento, la posibilidad de solicitar una fianza ante un juez depende del estado en el que se viva. Eso no es justicia en condiciones de igualdad. Esperamos que el Tribunal Supremo restablezca esta protección básica y, hasta entonces, seguiremos luchando por el derecho de cada uno de nuestros clientes al debido proceso", aseguró la abogada experta en inmigración Ruby Powers.

Los abogados coinciden en señalar que se podría dar un escenario donde cambiasen las garantías procesales dependiendo del estado en el que se juzgue, por lo que apelan a la Corte Suprema.

"Si otro circuito falla distinto, la Suprema Corte podría aceptar el caso para resolver el conflicto y, si confirma la interpretación del Quinto Circuito, esa regla se volvería obligatoria en todo Estados Unidos", advirtió Álex Martínez, abogado experto en temática migratoria.