A partir del primer minuto del 1 de agosto, miles de niños no acompañados en Estados Unidos se quedarán sin representación legal durante los juicios en su contra en juzgados migratorios. Sin el apoyo, se presentarán solos en los juicios en donde se analiza su expulsión del país.
Organizaciones como el Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC) alertaron sobre el impacto legal en los menores al quedarse sin un abogado.
“Esto ahora va a quedar en el aire porque no sabemos quién va a continuar estos casos”, comentó Efren Olivares, vicepresidente de NILC.
La posible falta de representación en beneficio de los niños tiene como precedente la finalización del contrato entre el gobierno federal y el Centro Acacia para la Justicia, organización encargada de coordinar servicios legales para menores migrantes.
“Esto no es solo un ataque contra los niños no acompañados, sino también contra toda la red de abogados, quienes han estado aquí ya por años”, explicó Claudia Tristán.
El inminente fin del contrato tiene como precedente la falta de pagos a litigantes que han asistido a los niños en los juicios.
“En estos momentos se nos debe casi un millón de dólares para servicios de este programa que ya se han ofrecido a los niños”, explicó Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso.
Esta situación obliga a decenas de estos grupos a tomar decisiones drásticas que tendrán un impacto inmediato en los juicios migratorios.
“Tenemos equipo que va a perder sus trabajos porque no hay manera de continuar”, menciona Mlissa López.
Efrén Olivares considera la situación como algo “muy triste y difícil de entender por qué este gobierno se está ensañando tanto con niños vulnerables”.
Gobierno pide entregar información de representados
La oficina de reasentamiento de refugiados, encargada de la custodia y protección de los menores no acompañados, dijo en un comunicado que “ofreció a Acacia la oportunidad de recibir un segundo financiamiento puente, sujeto a requisitos que incluían proporcionar datos sobre a quiénes representan y facturarnos al presentar solicitudes de alivio migratorio…Acacia se negó a aceptar este financiamiento”.
Claudia Tristan, gerente de comunicaciones de Acacia, consideró como algo inaceptable la propuesta del gobierno, porque “ningún abogado estaría disponible a compartir estos datos, y mucho menos con esta administración que hemos visto está usando este sistema para ayudar a deportar a más personas y lograr con sus cifras lo que quiere lograr todos los días”.
Más de 20 mil niños se quedarán sin apoyo
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En caso de existir un acuerdo, a partir del 1 de agosto, más de 24 mil niños inmigrantes no acompañados, así como alrededor de 90 proveedores de servicios legales sin fines de lucro en todo el país, se verían afectados.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes alertan que dejar a los menores sin abogados compromete el debido proceso, aumentando el riesgo de la deportación, incluso cuando muchos huyeron de la violencia, el abuso o la trata de personas.
“Le estamos robando la capacidad de por lo menos presentar su caso; no se está pidiendo que se le otorgue el caso, nada más que se le permita presentarlo”, explica Efren Olivares.