El Departamento de Justicia (DOJ) publicó en el Registro Federal un nuevo reglamento que, de entrar en vigor, abogados temen que se convierta en una nueva herramienta de la política de ‘tolerancia cero’ para acelerar la deportación de inmigrantes.
La norma propuesta enmienda regulaciones emitidas por Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “con respecto al manejo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)” otorgándole al director de la Corte de Inmigración “poderes extraordinarios de adjudicación” sobre apelaciones y lo autoriza a revertir fallos.
El cambio, argumenta el gobierno, “asegura la consistencia, eficiencia y calidad de las adjudicaciones”, postura que rechaza la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
EL gobierno basa sus argumentos en que los jueces de inmigración carecen de independencia, por lo que sus fallos pueden ser revertidos.
La norma tiene un período de comentario público de 30 días que vence el 25 de septiembre.
Futuro incierto
AILA señala que la eliminación de salvaguardas del debido proceso migratorio tiene como objetivo “acelerar las deportaciones”.
“La propuesta le otorga al director de la EOIR (Corte de Inmigración) un poder extraordinario de adjudicación sobre las apelaciones, autorizándolo a revertir, por sí solo, las decisiones de la BIA a pedido de los jueces de inmigración”, dice Laura Lynch, asesora principal de políticas de AILA.
“Poner tanto poder en manos de un administrador que ni siquiera es un juez, le dará al gobierno de Trump una capacidad sin precedentes para manipular los tribunales de inmigración para promover su agenda de deportación”, agregó.
Lynch dijo además que “la necesidad de tribunales de inmigración independientes nunca ha sido más urgente o clara” que en este momento. “Esto ejemplifica por qué AILA está pidiendo al Congreso que apruebe una legislación que cree un sistema de tribunales de inmigración separado e independiente del Departamento de Justicia”.
Batalla ganada
En agosto del año pasado el DOJ presentó una petición a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) solicitando que determine si se debería revocar la certificación del sindicato de la Asociación de Jueces de Inmigración (NAIJ) porque sus miembros son considerados "funcionarios administrativos" no elegibles para organizarse colectivamente.
A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia.
Un año después, la FLRA se propinó una dura derrota al gobierno. La autoridad determinó que los jueces de inmigración tienen plenos derechos laborales, decisión que les permite permanecer sindicalizados y ejercer conforme dicta el debido proceso migratorio y no obedecer órdenes del fiscal general.
“El intento del Departamento de Justicia de descertificar la Unión (o sindicato) no tiene mérito”, dijo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un comunicado tras conocer la decisión.
La agencia encargada de proteger los derechos y el lugar de trabajo de los empleados federales dijo no haber hallado mérito en los argumentos entregados por el DOJ respecto a que los jueces son “gerentes” a quienes se les debe negar el derecho de formar un sindicato y negociar colectivamente con su empleador.
Propuesta “sombría”
Dos semanas después del dictamen de la FLRA el gobierno publica el nuevo reglamento que altera el proceso de apelaciones. “Las realidades de esta regla propuesta son sombrías: más poder confiado a un burócrata seleccionado a mano, mayor presión para decisiones rápidas a costa del debido proceso”, dice Jeremy McKinney, primer vicepresidente de AILA.
“El desmantelamiento del proceso de apelaciones es vital para tener un día justo en corte”, agrega. “Es profundamente preocupante que la codificación de la regla de prohibición que el ex Fiscal General Jeff Sessions trató de imponer sobre la capacidad de los jueces para cerrar casos administrativamente, vuelva a ser planteada”.
Es necesario que exista “una autoridad fundamental” para que los jueces “administren de manera eficiente sus sobrecargados expedientes”, indicó.
AILA dijo además que la propuesta de Sessions de 2017 que buscó un propósito similar en el marco de la política de tolerancia cero “fue rechazada por al menos dos tribunales de circuito y revocaron la decisión”.
“La regla propuesta es parte de un esfuerzo mayor del Departamento de Justicia para ejercer una influencia política indebida sobre las decisiones de los tribunales de inmigración y convertir los tribunales de inmigración en un mecanismo de ejecución. Es una toma de poder, pura y simplemente", puntualizó McKinney.
La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos
Trump Orden Ejecutiva 25 de enero 2017
Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
Pablo Martinez Monsivais/Ap
Trump Travel Ban 2 de febrero 2017
Veto musulmán, menos asilados y menos refugiados. Después de asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
En junio de 2018 la Corte Suprema decidió que ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela tendrían restricciones de distintos tipos, algunas más severas que otras. En abril de 2018 el gobierno anunció que
acelerará los casos de asilo para darle menos tiempo a los solicitantes de preparar sus casos y en septiembre informó que reducirá la cuota de refugiados de
45,000 a 30,000 en el año 2019.
Spencer Platt/Getty Images
DENVER CIUDAD SANTUARIO
Castigo a las ciudades santuarios. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2017 decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto creó un conflicto entre el Ejecutivo y los estados que se niegan a compartir
información sobre los indocumentados con las autoridades federales. En octubre de 2018, Trump amenazó con cortar fondos a las ciudades santuario como Denver, Colorado (en la fotografía).
David Zalubowski/AP
Plan de reforma migratoria RTrump Cotton Perdue 2 de agosto 2017
Plan de reforma migratoria del Partido Republicano. El 2 de agosto de 2017, Trump anunció su
respaldo al proyecto de ley S.354 de los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia). Esta nueva legislación propone aumentar los arrestos, acelerar deportaciones, restringir el asilo, establecer un sistema migratorio por méritos y reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años. En enero de 2018 trump rechazó un plan migratorio bipartidista que incluía una
solución para los dreamers.
JIM WATSON/AFP/Getty Images
Cancelación de Daca
El fin de DACA. El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de
Trump de
anular la Acción Diferida de 2012 (DACA), un programa de la era
Obama que protege de la deportación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000
Dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores. Ese mismo día los afectados protestaron en Washington DC (en la fotografía) y en el resto del país. El 31 de agosto de 2018 un juez federal de Houston dictaminó que
la acción diferida es legal y continuará otorgando permisos de trabajo renovables cada dos años.
ERIC BARADAT/AFP/Getty Images
Deportado a Mexico 2017
Marco Ugarte/Ap
Trump Hire American
“Compra estadounidense, contrata estadounidense”. El presidente firmó en abril de 2017 una orden ejecutiva con la que pretende
controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Aseguró en un evento en Kenosha, Wisconsin, que las visas H-1B “deberían ser dadas a los solicitantes más preparados y mejor pagados, y nunca deberían ser usadas para reemplazar a estadounidenses".
Susan Walsh/Ap
Little Haití aniversario de terremoto
Fin de los TPS. Desde finales de 2017 Trump ha anunciado el fin de varios programas TPS (que conceden estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a un conflicto armado o un desastre natural).
Cuando concluya el tiempo que ha dado el gobierno a los inmigrantes de regularizarse quedarán en riesgo de deportación al menos 2,500 nicaragüenses, 200,000 salvadoreños, 56,000 hondureños, y 60,000 haitianos. En la fotografía de enero de 2018 Saccha Etienne, una mujer de origen haitiano
que protestó contra la medida en la Pequeña Haití, Miami, al sur de Florida.
David Maris
Redada Ice Ohio
John Minchillo/Ap
Trump en el muro
El muro por los Dreamers. En enero de 2018 la Casa Blanca publicó los
principios básicos del plan migratorio de Trump: más poder para el departamento de Seguridad Nacional, la criminalización de indocumentados, la expulsión expedita de inmigrantes, el fin de la reunificación familiar y $25,000 millones para planes de seguridad fronteriza, entre ellos el muro en la frontera con México. A cambio de esto incluiría la legalización de 1.8 millones de
Dreamers.
KEVIN LAMARQUE/Reuters
Naturalización
Joe Raedle/Getty Images
Arresto frontera junio 2018
Fin de la política de ‘catch and release’. En abril de 2018 Trump firmó un memorando con una serie de órdenes para acabar con
la política de 'capturar y liberar', que consistía en que luego de ser capturados los inmigrantes eran procesados y liberados con un grillete mientras avanzaba el proceso con las autoridades migratorias. La medida busca establecer nuevos espacios para mantener encerrados a los indocumentados y acelerar los procesos de deportación.
John Moore/Getty Images
Guardia nacional frontera
Militares contra la caravana de migrantes. En marzo de 2018 unos
1,000 centroamericanos comenzaron a recorrer juntos el territorio de México con el fin de alcanzar la frontera con EEUU.
Trump respondió a la caravana
firmando en abril un memo donde ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México. En la foto, la Guardia Nacional de Arizona cuando fue enviada a apoyar a la Patrulla Fronteriza. Su asistencia, coordinada por los gobernadores de estado, solo puede ser logística ya que el personal militar no puede hacer labores policiales.
CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images
Centro de detención con niños
CBP/Handout via REUTERS
Carga Pública
Rechazar a los que sean una 'carga pública'. En septiembre de 2018 la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció un plan para dificultar las residencias y ciudadanías a inmigrantes que no puedan costear sus gastos básicos.
Salvo en determinadas excepciones, el uso de beneficios ofrecidos por el estado en salud, vivienda o alimentos serán considerados en los procesos migratorios para garantizar que
“los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes". En la fotografía dos inmigrantes hispanas de compras en una tienda de Roxbury, Boston, en 2017. El 70% de los clientes de ese local se abastece con cupones de alimentos.
Boston Globe via Getty Images