El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles la publicación de una nueva regla que endurece los requisitos para pedir asilo y otorga mayores poderes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) para “considerar emergencias públicas” y determinar si un extranjero constituye “un peligro para la seguridad de Estados Unidos” y por lo tanto no es elegible para el beneficio.
El DHS junto con la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración), dieron el aviso de publicación de la nueva regla en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).
“Esta regla propuesta enmendaría las normas del DHS y DOJ existentes y aclara que ambos Departamentos pueden considerar emergencias públicas basadas en problemas de salud en enfermedades transmisibles debido a posibles amenazas internacionales de propagación de pandemias cuando se determina que “existen motivos razonables”, señala el documento.
En estos casos, los extranjeros no serán elegibles para asilo “o la protección de retención de deportación” estipulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) aprobada por el Congreso en 1965, agrega.
Deportaciones aceleradas
La norma también indica que el gobierno podrá deportar a solicitantes de asilo de manera acelerada si reciben una negativa durante la entrevista de miedo o temor creíble, el primer paso de un largo proceso que deben enfrentar quienes llegan al país en busca de la protección del gobierno.
El gobierno argumenta que la nueva política de deportaciones aceleradas “agiliza el proceso” al tiempo que “minimiza la propagación y la posible introducción en Estados Unidos de medios transmisibles y enfermedades generalizadas”.
“La nueva regla anunciada niega el derecho de los solicitantes de asilo a una audiencia eficaz ante un juez”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “No están respetando los derechos de estas personas”.
A juicio del abogado, el gobierno está utilizando la pandemia del coronavirus para seguir impulsando su política de tolerancia cero en la frontera. “La implementación de la justicia tiene que hacerse de una manera legal. Una enfermedad no debería ser una excusa para quitarle los derechos a estos individuos. No me cabe la menor duda que al final del día esta nueva norma será demandada en los tribunales”, indicó.
El gobierno dijo que la regla propuesta este miércoles “modificará” el proceso para evaluar la elegibilidad de los extranjeros para el aplazamiento de la deportación bajo el argumento que se trata de “un peligro para la seguridad de Estados Unidos”.
El DHS podrá ejercer su “discreción sobre cómo procesar a las personas sujetas a deportación acelerada y que no son
elegibles para asilo”, añade el nuevo reglamento.
El gobierno dijo que una vez publicado, se abrirá un período de comentario de 30 días, luego del cual se publicará la regla final.
Las justificaciones
La norma precisa que el cambio “busca mitigar el riesgo de una enfermedad mortal transmisible traído a Estados Unidos, o que se pueda extender en el país”.
“Así, los departamentos propondrán cuatro reformas fundamentales y necesarias al sistema de inmigración”, indica:
- Aclara que el peligro para la seguridad de Estados Unidos impide la elegibilidad para el asilo;
- Hacer que, estas barreras sean aplicables en las evaluaciones de miedo creíble y deportación acelerada:
- Permitir la deportación acelerada de aquellos que sean rechazados;
- Declarar a quienes no califiquen como un peligro para lña seguridad del país.
La regla señala que aquellos extranjeros deportables que corran peligro en sus naciones podrán ser expulsados a terceros países.
Indica además que la nueva regla “se aplicará a extranjeros que ingresen a los Estados Unidos” tras la publicación, y advierte que “no estarán sujetos” los extranjeros que antes de la fecha de entrada en vigor de la norma calificaron para pedir asilo o indicaron temor creíble de persecución si son deportados a sus países.
“Esta nueva regla prácticamente va a deshacer la ley de asilo político, algo que este gobierno ha querido hacer desde hace mucho tiempo”, dice la abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.
“Son muy oportunistas para encontrar una oportunidad para declarar que habrá cambios en la salud, la seguridad interna o lo que sea y obviamente, resulta que con esto las personas se desilusionarán y se regresarán a sus países porque todo estará perdido para ellos”, agregó.
“La medida no me sorprende en lo más mínimo”, añadió Velásquez. “Causará un daño muy profundo a la política de asilo y a los solicitantes de asilo que buscan nuestro país para proteger sus vidas”.
Para el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, la nueva regla de asilo se trata de “una medida draconiana que utiliza el miedo desatado por la pandemia del coronavirus para dañar el debido proceso migratorio”.
La historia de los refugiados en Estados Unidos se mantuvo estable hasta la recesión y el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando el Congreso aprobó leyes de cuotas para regular y la inmigración proveniente de países que, en aquellos años, se consideraban indeseables y hasta hostiles, explica el libro ‘Inmigración: las nuevas reglas, una guía de Univision’. Entre los argumentos considerados por el legislativo de incluía enfermedades de tipo infeccioso.
Luego, a causa de la Segunda Guerra Mundial, surgieron nuevas normas internacionales sobre refugiados y asilados que huían de la persecución de los nazis y del holocausto. Sin embargo, Estados Unidos no aprobó una ley de acuerdo con estas nuevas normas hasta 1980, cuando se aprobó la Ley de Refugiados la cual se convirtió en parte del Código de Inmigración, agrega.
La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos
Trump Orden Ejecutiva 25 de enero 2017
Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
Pablo Martinez Monsivais/Ap
Trump Travel Ban 2 de febrero 2017
Veto musulmán, menos asilados y menos refugiados. Después de asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
En junio de 2018 la Corte Suprema decidió que ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela tendrían restricciones de distintos tipos, algunas más severas que otras. En abril de 2018 el gobierno anunció que
acelerará los casos de asilo para darle menos tiempo a los solicitantes de preparar sus casos y en septiembre informó que reducirá la cuota de refugiados de
45,000 a 30,000 en el año 2019.
Spencer Platt/Getty Images
DENVER CIUDAD SANTUARIO
Castigo a las ciudades santuarios. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2017 decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto creó un conflicto entre el Ejecutivo y los estados que se niegan a compartir
información sobre los indocumentados con las autoridades federales. En octubre de 2018, Trump amenazó con cortar fondos a las ciudades santuario como Denver, Colorado (en la fotografía).
David Zalubowski/AP
Plan de reforma migratoria RTrump Cotton Perdue 2 de agosto 2017
Plan de reforma migratoria del Partido Republicano. El 2 de agosto de 2017, Trump anunció su
respaldo al proyecto de ley S.354 de los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia). Esta nueva legislación propone aumentar los arrestos, acelerar deportaciones, restringir el asilo, establecer un sistema migratorio por méritos y reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años. En enero de 2018 trump rechazó un plan migratorio bipartidista que incluía una
solución para los dreamers.
JIM WATSON/AFP/Getty Images
Cancelación de Daca
El fin de DACA. El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de
Trump de
anular la Acción Diferida de 2012 (DACA), un programa de la era
Obama que protege de la deportación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000
Dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores. Ese mismo día los afectados protestaron en Washington DC (en la fotografía) y en el resto del país. El 31 de agosto de 2018 un juez federal de Houston dictaminó que
la acción diferida es legal y continuará otorgando permisos de trabajo renovables cada dos años.
ERIC BARADAT/AFP/Getty Images
Deportado a Mexico 2017
Marco Ugarte/Ap
Trump Hire American
“Compra estadounidense, contrata estadounidense”. El presidente firmó en abril de 2017 una orden ejecutiva con la que pretende
controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Aseguró en un evento en Kenosha, Wisconsin, que las visas H-1B “deberían ser dadas a los solicitantes más preparados y mejor pagados, y nunca deberían ser usadas para reemplazar a estadounidenses".
Susan Walsh/Ap
Little Haití aniversario de terremoto
Fin de los TPS. Desde finales de 2017 Trump ha anunciado el fin de varios programas TPS (que conceden estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a un conflicto armado o un desastre natural).
Cuando concluya el tiempo que ha dado el gobierno a los inmigrantes de regularizarse quedarán en riesgo de deportación al menos 2,500 nicaragüenses, 200,000 salvadoreños, 56,000 hondureños, y 60,000 haitianos. En la fotografía de enero de 2018 Saccha Etienne, una mujer de origen haitiano
que protestó contra la medida en la Pequeña Haití, Miami, al sur de Florida.
David Maris
Redada Ice Ohio
John Minchillo/Ap
Trump en el muro
El muro por los Dreamers. En enero de 2018 la Casa Blanca publicó los
principios básicos del plan migratorio de Trump: más poder para el departamento de Seguridad Nacional, la criminalización de indocumentados, la expulsión expedita de inmigrantes, el fin de la reunificación familiar y $25,000 millones para planes de seguridad fronteriza, entre ellos el muro en la frontera con México. A cambio de esto incluiría la legalización de 1.8 millones de
Dreamers.
KEVIN LAMARQUE/Reuters
Naturalización
Joe Raedle/Getty Images
Arresto frontera junio 2018
Fin de la política de ‘catch and release’. En abril de 2018 Trump firmó un memorando con una serie de órdenes para acabar con
la política de 'capturar y liberar', que consistía en que luego de ser capturados los inmigrantes eran procesados y liberados con un grillete mientras avanzaba el proceso con las autoridades migratorias. La medida busca establecer nuevos espacios para mantener encerrados a los indocumentados y acelerar los procesos de deportación.
John Moore/Getty Images
Guardia nacional frontera
Militares contra la caravana de migrantes. En marzo de 2018 unos
1,000 centroamericanos comenzaron a recorrer juntos el territorio de México con el fin de alcanzar la frontera con EEUU.
Trump respondió a la caravana
firmando en abril un memo donde ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México. En la foto, la Guardia Nacional de Arizona cuando fue enviada a apoyar a la Patrulla Fronteriza. Su asistencia, coordinada por los gobernadores de estado, solo puede ser logística ya que el personal militar no puede hacer labores policiales.
CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images
Centro de detención con niños
CBP/Handout via REUTERS
Carga Pública
Rechazar a los que sean una 'carga pública'. En septiembre de 2018 la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció un plan para dificultar las residencias y ciudadanías a inmigrantes que no puedan costear sus gastos básicos.
Salvo en determinadas excepciones, el uso de beneficios ofrecidos por el estado en salud, vivienda o alimentos serán considerados en los procesos migratorios para garantizar que
“los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes". En la fotografía dos inmigrantes hispanas de compras en una tienda de Roxbury, Boston, en 2017. El 70% de los clientes de ese local se abastece con cupones de alimentos.
Boston Globe via Getty Images
