Un grupo integrado por 52 empresas de alta tecnología, organizaciones comerciales y abogados presentaron un escrito de “amicus brief” ante la Corte de Distrito Norte de California en apoyo a una demanda en contra del gobierno de Donald Trump por la suspensión de varias categorías de visas de trabajo.
Los firmantes, entre ellos FDW.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox, representan a las empresas que ocupan la mayoría de los programas suprimidos por el gobierno en junio, bajo el pretexto de la pandemia y proteger los empleos para los trabajadores estadounidenses.
La lista de visas afectadas incluye la H-1B (para profesionales extranjeros graduados dentro y fuera de Estados Unidos), H2B (para trabajadores no profesionales), J (Para estudiantes) y L (para transferencia de ejecutivos).
“Los firmantes del amicus incluyen a muchos de los empleadores más importantes de toda la economía” estadounidense, dice FWD.us. “Se suman en apoyo a las demandas presentadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Fabricantes, la Federación Nacional de Minoristas, TechNet y otros en dos casos, NAM v. DHS y Gomez v. Trump”.
En ambos recursos los demandantes alegan que las acciones emprendidas por el gobierno "infligen graves daños económicos".
La lista, además de FDW.us incluye a las compañías Apple y Amazon.
Mensaje equivocado
En el documento entregado al tribunal el grupo precisa que “la suspensión por parte del presidente de los programas de visas de no inmigrante, supuestamente para proteger a los trabajadores estadounidenses, en realidad los daña y también a sus empleadores y a la economía”.
“En lugar de proteger trabajadores domésticos de la amenaza de la competencia extranjera, la Proclamación (orden emitida por el mandatario el 22 de junio) casi asegura que las empresas tendrán que contratar en el extranjero para cubrir puestos altamente calificados, para los cuales la demanda interna supera con creces la oferta disponible de trabajadores”, añade.
El escrito indica además que “una extensa investigación económica confirma que más trabajadores no inmigrantes con visas generaron resultados económicos positivos para los trabajadores nacionales, las empresas y la economía estadounidense” y que más allá de “los abrumadores datos” que socavan el supuesto fundamento de la orden presidencial “la medida envía un mensaje fundamentalmente antiestadounidense a aquellos en el extranjero que han traído sus habilidades e ingenio” para el engrandecimiento del país.
“Durante muchas décadas este país ha sido un imán para estas personas talentosas que, junto con los trabajadores e innovadores nacidos en suelo estadounidense, hizo de nuestra economía la más dinámica del mundo”, concluyen en el escrito. “La Proclama impide que las empresas estadounidenses atraigan a los mejores y más brillantes del mundo, y priva a esas personas innovadoras y altamente capacitadas de oportunidades para promover la recuperación a corto plazo y el crecimiento económico a largo plazo de Estados Unidos”.
Los daños
FWD.us dijo que los drásticos recortes a la inmigración legal promulgados por el gobierno de Trump “exacerbarán los severos impactos económicos del covid-19 que sienten las comunidades de todo el país” y que la suspensión de estos programas de inmigración vitales “causará un daño a largo plazo a la economía de Estados Unidos al reducir el PIB, perjudicar a los trabajadores de clase media y negar a las familias estadounidenses la oportunidad de reunirse con sus padres e hijos”.
“Reducir drásticamente las vías de inmigración legal infligirá un daño grave a largo plazo a nuestra estabilidad económica, recuperación y crecimiento, particularmente a medida que la economía estadounidense intenta reconstruirse de la devastación de la crisis de la pandemia del coronavirus”, dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us.
“El futuro de la seguridad económica y el crecimiento de nuestra nación se deriva de las contribuciones de los inmigrantes trabajadores, no de convertir a la población en chivo expiatorio que durante siglos ha sido la piedra angular del motor económico de nuestro país”, agregó.
El grupo de presión indico además que según las propias estimaciones del gobierno “las acciones del presidente evitarán que más de medio millón de personas autorizadas para trabajar lleguen a los Estados Unidos para fin de año, lo que perjudicará la recuperación económica de las empresas estadounidenses”.
Los expertos también estiman que la proclamación evitará que aproximadamente 20,000 empleadores llenen puestos durante ese mismo período, poniendo en peligro industrias clave desde el suministro de alimentos hasta la atención médica y el transporte, precisó FWD.us.
La proclama
La proclama emitida por Trump el 22 de junio suspende la entrada de extranjeros que “presentan un riesgo para el mercado laboral de Estados Unidos” por la pandemia del nuevo coronavirus, señala el documento. Y agrega que durante la emergencia de salud pública la tasa general de desempleo “casi se cuadruplicó entre febrero y mayo de 2020, produciendo parte del desempleo más extremo jamás registrado por la Oficina de Estadísticas Laborales”.
Ante este escenario, Trump dijo al anunciar la medida que había modificado la orden ejecutiva del 22 de abril, que frenó la entrada de inmigrantes y no inmigrantes por un periodo de 60 días, extendiendo la prohibición de entrada hasta el 31 de diciembre, pero dejando vigentes las mismas excepciones, entre ellos familiares inmediatos de residentes legales permanentes y de ciudadanos estadounidenses.
La medida causó un inmediato rechazo de varios sectores, incluso en grupos conservadores afines con la ideología política del gobierno.
Estos son los puntos clave de la nueva orden migratoria que restringe la entrada al país de ciertos trabajadores extranjeros hasta el término del año 2020.
La política migratoria de 'tolerancia cero' de Trump en 15 fotos
Trump Orden Ejecutiva 25 de enero 2017
Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
Pablo Martinez Monsivais/Ap
Trump Travel Ban 2 de febrero 2017
Veto musulmán, menos asilados y menos refugiados. Después de asumir la presidencia, firmó una orden ejecutiva para prohibir la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
En junio de 2018 la Corte Suprema decidió que ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, Corea del Norte y Venezuela tendrían restricciones de distintos tipos, algunas más severas que otras. En abril de 2018 el gobierno anunció que
acelerará los casos de asilo para darle menos tiempo a los solicitantes de preparar sus casos y en septiembre informó que reducirá la cuota de refugiados de
45,000 a 30,000 en el año 2019.
Spencer Platt/Getty Images
DENVER CIUDAD SANTUARIO
Castigo a las ciudades santuarios. La orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2017 decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional. Esto creó un conflicto entre el Ejecutivo y los estados que se niegan a compartir
información sobre los indocumentados con las autoridades federales. En octubre de 2018, Trump amenazó con cortar fondos a las ciudades santuario como Denver, Colorado (en la fotografía).
David Zalubowski/AP
Plan de reforma migratoria RTrump Cotton Perdue 2 de agosto 2017
Plan de reforma migratoria del Partido Republicano. El 2 de agosto de 2017, Trump anunció su
respaldo al proyecto de ley S.354 de los senadores republicanos Tom Cotton (Arkansas) y David Perdue (Georgia). Esta nueva legislación propone aumentar los arrestos, acelerar deportaciones, restringir el asilo, establecer un sistema migratorio por méritos y reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años. En enero de 2018 trump rechazó un plan migratorio bipartidista que incluía una
solución para los dreamers.
JIM WATSON/AFP/Getty Images
Cancelación de Daca
El fin de DACA. El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de
Trump de
anular la Acción Diferida de 2012 (DACA), un programa de la era
Obama que protege de la deportación y permite obtener permisos de trabajo a unos 800,000
Dreamers que llegaron a Estados Unidos como menores. Ese mismo día los afectados protestaron en Washington DC (en la fotografía) y en el resto del país. El 31 de agosto de 2018 un juez federal de Houston dictaminó que
la acción diferida es legal y continuará otorgando permisos de trabajo renovables cada dos años.
ERIC BARADAT/AFP/Getty Images
Deportado a Mexico 2017
Marco Ugarte/Ap
Trump Hire American
“Compra estadounidense, contrata estadounidense”. El presidente firmó en abril de 2017 una orden ejecutiva con la que pretende
controlar la asignación de visas H-1B para trabajadores extranjeros profesionales. Aseguró en un evento en Kenosha, Wisconsin, que las visas H-1B “deberían ser dadas a los solicitantes más preparados y mejor pagados, y nunca deberían ser usadas para reemplazar a estadounidenses".
Susan Walsh/Ap
Little Haití aniversario de terremoto
Fin de los TPS. Desde finales de 2017 Trump ha anunciado el fin de varios programas TPS (que conceden estatus legal temporal a extranjeros que no pueden regresar a sus países debido a un conflicto armado o un desastre natural).
Cuando concluya el tiempo que ha dado el gobierno a los inmigrantes de regularizarse quedarán en riesgo de deportación al menos 2,500 nicaragüenses, 200,000 salvadoreños, 56,000 hondureños, y 60,000 haitianos. En la fotografía de enero de 2018 Saccha Etienne, una mujer de origen haitiano
que protestó contra la medida en la Pequeña Haití, Miami, al sur de Florida.
David Maris
Redada Ice Ohio
John Minchillo/Ap
Trump en el muro
El muro por los Dreamers. En enero de 2018 la Casa Blanca publicó los
principios básicos del plan migratorio de Trump: más poder para el departamento de Seguridad Nacional, la criminalización de indocumentados, la expulsión expedita de inmigrantes, el fin de la reunificación familiar y $25,000 millones para planes de seguridad fronteriza, entre ellos el muro en la frontera con México. A cambio de esto incluiría la legalización de 1.8 millones de
Dreamers.
KEVIN LAMARQUE/Reuters
Naturalización
Joe Raedle/Getty Images
Arresto frontera junio 2018
Fin de la política de ‘catch and release’. En abril de 2018 Trump firmó un memorando con una serie de órdenes para acabar con
la política de 'capturar y liberar', que consistía en que luego de ser capturados los inmigrantes eran procesados y liberados con un grillete mientras avanzaba el proceso con las autoridades migratorias. La medida busca establecer nuevos espacios para mantener encerrados a los indocumentados y acelerar los procesos de deportación.
John Moore/Getty Images
Guardia nacional frontera
Militares contra la caravana de migrantes. En marzo de 2018 unos
1,000 centroamericanos comenzaron a recorrer juntos el territorio de México con el fin de alcanzar la frontera con EEUU.
Trump respondió a la caravana
firmando en abril un memo donde ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur con México. En la foto, la Guardia Nacional de Arizona cuando fue enviada a apoyar a la Patrulla Fronteriza. Su asistencia, coordinada por los gobernadores de estado, solo puede ser logística ya que el personal militar no puede hacer labores policiales.
CAITLIN O'HARA/AFP/Getty Images
Centro de detención con niños
CBP/Handout via REUTERS
Carga Pública
Rechazar a los que sean una 'carga pública'. En septiembre de 2018 la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció un plan para dificultar las residencias y ciudadanías a inmigrantes que no puedan costear sus gastos básicos.
Salvo en determinadas excepciones, el uso de beneficios ofrecidos por el estado en salud, vivienda o alimentos serán considerados en los procesos migratorios para garantizar que
“los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes". En la fotografía dos inmigrantes hispanas de compras en una tienda de Roxbury, Boston, en 2017. El 70% de los clientes de ese local se abastece con cupones de alimentos.
Boston Globe via Getty Images
