El próximo 28 de agosto de 2026, el juez de distrito Orlando García determinará el futuro de uno de los principales proyectos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
A partir de las pruebas y argumentos presentados en primera instancia, definirá si concede o rechaza la solicitud de los demandantes para emitir una orden de restricción temporal (TRO) contra el Proyecto de Muro Big Bend 2 (Big Bend Border Wall 2).
Según los planes de construcción del CBP, el proyecto abarca el tramo que va desde Ruidosa, Texas, pasando por Presidio y extendiéndose hasta los límites del Parque Estatal Big Bend Ranch. La superficie de edificación de 62 millas fue asignada a Fisher Sand & Gravel Co.
Se oponen al contrato
En la demanda presentada ante el tribunal federal, los inconformes, entre ellos la organización The People of La Junta, la comunidad Lipan Apache, residentes locales, entre otros, solicitaron cuatro puntos centrales al presentar el documento.
El primero es una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar que permita la suspensión inmediata y obligatoria de todas las obras de construcción, excavación y uso de maquinaria pesada mientras avanza el juicio.
La protección de sitios arqueológicos y culturales es el segundo punto. En este punto exigen que se detengan los trabajos en las áreas del Parque Nacional Big Bend y alrededores para evitar la destrucción irreversible de sitios históricos, artefactos y paisajes sagrados para los pueblos indígenas.
El tercero es el respeto a las leyes de libertad religiosa, por los trabajos del gobierno que bloquean el acceso a ceremonias, zonas de oración y a las orillas del Río Grande.
El último punto es que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió facultades concedidas por el Congreso al eludir diversas normativas de protección ambiental y cultural en la zona.
¿Qué necesitan peticionarios para frenar la obra?
Para que el juez federal de distrito Orlando García apruebe un freno o suspensión temporal a la construcción, los demandantes deben demostrar que se cumplen ciertos requisitos legales fundamentales en una moción de medidas cautelares o interdictos.
La primera es comprobar que, si la construcción continúa, se causarán daños irreversibles antes de que el juicio pueda resolverse por completo (como la destrucción de sitios arqueológicos o paisajes sagrados), así como probar que los argumentos legales tienen bases sólidas para ganar el caso en el futuro.
El tercer punto es presentar argumentos para que él evalúe si el daño de las obras es mayor que el perjuicio del freno temporal. En caso de que les den la suspensión, será temporal hasta que se emita una sentencia. Este caso puede llegar a la Corte en caso de ser necesario.