Las autoridades de EEUU añadieron nuevos cargos de tortura este jueves a su caso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, aumentando la presión sobre el derrocado líder autoritario que ya enfrenta acusaciones por tráfico de drogas.
Maduro, quien previamente fue acusado de participar en una conspiración para enviar cocaína a EE. UU., ahora también enfrenta alegaciones de abusos contra los derechos humanos durante su mandato al frente de la nación sudamericana rica en petróleo.
“Autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión contra la oposición política”, señala la acusación formal modificada, que imputa de forma inédita a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer torturas.
Las acusaciones incluyen descargas eléctricas, golpizas y asfixia a instancias de Maduro.
Al afirmar que miles de venezolanos fueron “acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que actuaban bajo las órdenes del gobierno de Maduro, la acusación alega que los abusos incluyeron descargas eléctricas, golpizas y asfixia. La acusación afirma que Maduro aprobó métodos de tortura, solicitó y recibió informes sobre el trato a víctimas específicas, observó el video de una confesión forzada y amenazó personalmente con matar al hijo de un prisionero “como una forma de tortura psicológica”.
Flores, exlegisladora y exfiscal general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas en particular, sostiene la acusación.
Se envió un mensaje en busca de comentarios al abogado de Maduro; Flores estuvo en el tribunal para una audiencia programada previamente, donde su abogado dijo que aún no había tenido tiempo de revisar las nuevas acusaciones. Tanto Maduro como Flores permanecen encarcelados en Nueva York desde principios de enero, cuando las fuerzas de seguridad los capturaron en su residencia de Caracas durante un operativo nocturno.
Ambos se han declarado no culpables en el caso de drogas presentado originalmente hace años contra ellos y numerosos presuntos coacusados. En caso de ser condenados, ya enfrentaban la posibilidad de penas de cadena perpetua.
Maduro ha estado bajo investigación durante años por la Corte Penal Internacional debido a denuncias de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de sus opositores. Él siempre ha negado haber cometido delito alguno.
Entre las presuntas víctimas de tortura hay ciudadanos de EEUU
La acusación modificada incluye varias menciones sobre la participación de la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, que estuvo dirigida durante muchos años por uno de los coacusados de Maduro, el general Hugo Carvajal. Él rompió relaciones con Maduro hace años, se declaró culpable el año pasado de cargos de narcotráfico en Nueva York y se ha ofrecido a testificar contra su exjefe.
La acusación señala que entre las víctimas de tortura se encuentran tres ciudadanos estadounidenses, cuyos nombres no fueron revelados en los documentos judiciales.
Uno de esos estadounidenses fue golpeado con puñetazos, sometido a descargas eléctricas y obligado a comer su propio vómito durante ocho meses de cautiverio, según la acusación. Otro fue golpeado con tal gravedad que requirió una larga estancia hospitalaria y le encañonaron una pistola en la boca. Un tercero fue esposado, encapuchado y golpeado cada media hora durante dos días, lo que le provocó una lesión ocular permanente, añade el documento.
Maduro ha ignorado durante mucho tiempo las demandas presentadas en tribunales estadounidenses por ciudadanos de ese país que alegaron haber sido golpeados mientras permanecían detenidos en Venezuela.
Entre quienes demandaron se encuentra Matthew Heath, un excabo de la Marina de EEUU oriundo de Tennessee. Fue arrestado en un puesto de control en Venezuela en 2020 y permaneció bajo custodia más de dos años.
En mayo, Heath y otro expresionero ganaron un fallo por rebeldía de $300 millones contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por supervisar un patrón de tortura. La demanda, presentada al amparo de una ley federal antiterrorista, incluía alegaciones de ahogamiento simulado (waterboarding), electrocución, amenazas de violación con un bastón policial, administración de medicamentos alteradores de la mente y el uso repetido de una celda reducida apodada “El Tigrito”.
“Es increíble ver a un dictador en el tribunal”, dijo Heath este jueves al enterarse de los nuevos cargos. “El procesamiento de Maduro hará más para prevenir el secuestro de estadounidenses por parte de regímenes rebeldes que un centenar de comunicados de prensa de las Naciones Unidas”.
Ex primera dama solicita liberación para recibir tratamiento médico
Entretanto, Flores estuvo en el tribunal este jueves para que sus abogados pudieran instar a un juez a liberarla de la cárcel y ponerla bajo arresto domiciliario debido a sus problemas cardíacos.
Sus abogados han solicitado el sobreseimiento del caso argumentando que gozan de inmunidad como líder y primera dama de un país extranjero.
Los abogados de Flores, de 69 años, también han argumentado que padece problemas de salud que no pueden tratarse eficazmente en prisión, y que en su lugar se le podría permitir vivir bajo custodia las 24 horas en una residencia en Nueva York.
Asimismo, señalaron que sufrió cicatrices permanentes cuando fue “arrojada contra una pared o cómoda” durante la acción militar de EE. UU. que derivó en su captura.
Sus abogados afirman que ha perdido 25 libras (11 kilogramos) mientras permanece encarcelada en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y que le han informado que podría necesitar una cirugía cardíaca. Indicaron que presenta “aturdimiento persistente, mareos y falta de aire”, y que pudo haber sufrido un infarto leve en julio.
Los fiscales se opusieron a la solicitud de fianza. En un documento judicial, escribieron que Flores representaría un “riesgo extremo de fuga y un peligro para el público” si es liberada. También señalaron que se le ha trasladado desde la cárcel a un hospital local para recibir atención médica cuando ha sido necesario.
La administración del presidente Donald Trump ha defendido la incursión para capturar a Maduro como una “operación quirúrgica de cumplimiento de la ley”. Maduro, por su parte, se ha calificado a sí mismo como un prisionero de guerra y ha calificado su captura como un secuestro.
Flores está acusada de participar en una conspiración de importación de cocaína junto a su esposo, Maduro, quien se desempeñó como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura por fuerzas estadounidenses en enero.
Los abogados de Flores expresaron que no existe riesgo de que intente huir, ya que tiene la “intención de apoyar a su esposo con su presencia constante”.