ALBANY, Nueva York. – La gobernadora Kathy Hochul anunció una nueva legislación destinada a limitar la cooperación entre autoridades locales y las agencias federales de inmigración, así como eliminar los acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La propuesta legislativa prohibiría que las fuerzas del orden estatales y locales actúen junto con los agentes federales en la aplicación de las leyes de inmigración civil o utilicen recursos del estado para apoyar operativos del ICE.
Asimismo, impediría que agentes federales usen centros de detención locales para redadas masivas, detenciones migratorias civiles o traslados de personas bajo custodia migratoria.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la eliminación total de los acuerdos 287(g), mecanismos que permiten al ICE delegar funciones migratorias a policías locales.
En Nueva York, 14 agencias del orden público de nueve condados mantienen actualmente este tipo de convenios. De aprobarse la ley, todos quedarían anulados, alineando al estado con otros siete que ya los prohíben, entre ellos California, Illinois, Nueva Jersey y Connecticut.
La gobernadora señaló que la propuesta responde a una escalada en la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración, la cual, afirmó, ha generado temor, debilitado la confianza comunitaria y derivado en violaciones graves a los derechos civiles, incluso contra ciudadanos estadounidenses.
“Durante el último año, agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia atroces bajo el pretexto de la seguridad pública”, declaró Hochul. “Nueva York no tolerará abusos ni el uso de nuestras fuerzas policiales para hacer el trabajo del ICE”.
Demandas contra agentes federales
La iniciativa también contempla autorizar demandas civiles a nivel estatal contra agentes federales que incurran en violaciones constitucionales, bajo estándares similares a los que ya aplican para policías estatales y locales conforme a las leyes federales de derechos civiles.
Además, Hochul busca reforzar la protección de zonas vulnerables, como escuelas, hospitales, lugares de culto y viviendas, prohibiendo la aplicación de leyes migratorias civiles sin orden judicial en estos espacios.
La medida responde a cambios recientes en políticas federales que han debilitado las protecciones históricas en estos lugares.
De acuerdo con la gobernadora, el uso de policías y recursos locales para apoyar la agenda migratoria federal desvía recursos esenciales de seguridad pública, socava la confianza en las instituciones y pone en riesgo a comunidades enteras.
De esta manera, Nueva York busca reforzar las garantías constitucionales de todos los que habitan el estado, frente a la agresiva agenda migratoria de la administración del presidente Donald Trump.
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