PITTSBURGH, PA - Unos 10.000 reclusos de las prisiones estatales de Pensilvania solicitaron fraudulentamente beneficios por desempleo durante la pandemia de coronavirus, dijeron los fiscales al anunciar los cargos este martes contra 33 personas.
“Estos 33 acusados representan, verdaderamente, la punta del iceberg, y estamos viendo fraude por desempleo a una escala sin precedentes”, dijo el fiscal federal Scott Brady en una conferencia de prensa en Pittsburgh.
Los investigadores recientemente pudieron cotejar una lista de presos estatales con aquellos que solicitaron beneficios por desempleo pandémico y encontraron alrededor de 10,000 coincidencias, dijo la oficina de Brady. Junto con las solicitudes de los presos del condado y federales, agregó el fiscal. Se estima que el costo total del fraude en Pensilvania se acerca a los 250 millones de dólares.
Los acusados esta semana, incluidos algunos que aún no han sido arrestados, son una mezcla de presos y personas fuera de la cárcel. Se enfrentan a cargos que incluyen robo, conspiración, presentar o ayudar a presentar una solicitud fraudulenta de beneficios federales y mentir a los investigadores.
Se confirmó que las llamadas grabadas entre los reclusos y las personas fuera de la prisión han indicado que el dinero se gastó en televisores, honorarios legales, alquiler y joyas.
Esquema de fraude
Los acusados se encuentran actualmente en ocho estados y prisiones en Pensilvania, dijo Brady. Los presos o sus ayudantes supuestamente solicitaron beneficios federales por desempleo al certificar falsamente que están desempleados debido a la pandemia y que de otra manera pueden trabajar.
El fraude llamó la atención de los guardias e investigadores de la prisión, y de los inspectores postales de los EE. UU. que vieron grandes cantidades de correo llegar a apartados de correos o casas que habían sido abandonadas o se estaban vendiendo.
El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que los investigadores recibieron datos sobre la compensación por desempleo hace un par de semanas del Departamento de Trabajo e Industria del estado.
"Si bien sabíamos que había un fraude criminal, nos sorprendió la cantidad de perpetradores que ya estaban en prisión", dijo Shapiro en un comunicado de prensa.
These criminals took advantage of a public health emergency to cash in on the backs of working people across our Commonwealth.
— AG Josh Shapiro (@PAAttorneyGen) August 25, 2020
They stole taxpayer money, and undermined the safety net that millions rely on during this crisis. https://t.co/1WD7rFVGTF
Dijo que los reclusos les decían a las personas fuera de las cárceles cómo presentar la solicitud y dónde enviar el dinero, a menudo usando el nombre real del recluso, la fecha de nacimiento y el número de seguro social, o los nombres y números de otros reclusos.
“Estos criminales se aprovecharon de una emergencia de salud pública para sacar provecho de las espaldas de los trabajadores en todo el estado libre asociado”, dijo Shapiro. "Como muchos esperaron, archivaron y lucharon, estos individuos cobraron".
Se presentaron cargos contra los reclusos en las prisiones estatales de Greene, Fayette y Forest, junto con los reclusos en las cárceles locales en los condados de Allegheny, Butler, Lawrence, Somerset y Westmoreland.
Según la ley de Pensilvania, cada uno enfrenta hasta 20 años de cárcel y multas y sanciones de hasta $ 50,000.
“Ningún funcionario del gobierno lo llamará para confirmar la información de la cuenta bancaria o su número de Seguro Social. Nunca dé información personal si no inició la llamada telefónica ".
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